La Ley de Secretos Oficiales, de 1968, permite al gobierno de España calificar como información clasificada el costo de los viajes del presidente
Los viajes del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, son información clasificada, es secreto. Es imposible saber cuánto cuestan al erario sus desplazamientos, tanto los oficiales como los de índole privada.
Tampoco se puede tener acceso a información que revele quién le acompaña en los aviones Falcon del Grupo 45 del Ejército que trasladan a las autoridades.
El Gobierno se escuda en una norma del franquismo para evitar la difusión de dicha información, la Ley de Secretos Oficiales, de 1968.
No obstante, los juristas especializados en acceso a la información afirman que el esfuerzo por proteger la seguridad del presidente no justifica el ocultar el coste de sus traslados.
Dos catedráticos de Derecho consultados por el diario español El País sostienen que una cosa es dar información sobre la composición o el diseño del dispositivo de seguridad del mandatario (por ejemplo, la cantidad de policías que le acompañan); y otra conocer el coste total de sus viajes o su motivo para visitar alguna locación.
“Resulta coherente que se considere secreto oficial, como se hizo [en referencia a un viaje a Castellón, durante el que el presidente acudió a un concierto del festival de Benicàssim], la información sobre los movimientos y los planes de protección porque, en efecto, pueden dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado”, señala Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz.
Sin embargo, ese secreto no cubre la factura pública total del viaje “si se da en global y no desglosado”, expresa Guichot, “de forma que no pueda extraerse información que pueda ser utilizada para poner en riesgo la seguridad”.
Ejemplificó que dicho caso sería el de informar sobre las jornadas de trabajo o las horas extra del personal de seguridad, pues con una sencilla fórmula se podría saber cuántos agentes viajan con el mandatario.
En contra de lo difundido por algunos medios de comunicación, el viaje de Sánchez a Castellón no fue declarado secreto de forma específica (con base en la ley de 1968, solo el Consejo de Ministros puede clasificar así una materia, y no ha ocurrido).
El gobierno español se resguarda en un acuerdo ministerial de hace más de treinta años (noviembre de 1986, durante la presidencia de Felipe González) que, genéricamente, consideró secretos en virtud de la ley de 1968 “tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma”.
“Es un problema de articulación de dos regulaciones. Debe tener preferencia, en términos generales, la transparencia. Si no fuera así, todo lo que hace el presidente podría ser considerado secreto, porque todo puede estar relacionado con su seguridad”, comenta Juan Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia.
Mestre califica como “despropósito” la declaración genérica y abstracta de todos los viajes del presidente como secretos. “Hay un gasto objetivo, que es cuánto cuesta fletar un avión, y no es ningún problema de seguridad, vaya en él el presidente o cualquier otra persona”, agregó.
Con información de El País
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