La ONU y la CIDH consideraron que la Ley de Atención Integral a Víctimas de Nicaragua no contempla “ninguna medida” para proteger a los afectados por las protestas
La ONU y la CIDH consideraron este lunes que la Ley de Atención Integral a Víctimas de Nicaragua no contempla “ninguna medida” para garantizar el acceso a la justicia a los damnificados por las protestas que estallaron hace un año contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se posicionaron así en un comunicado.
Determinaron que esa norma, aprobada de urgencia por el Congreso nicaragüense el 29 de mayo y que hoy comenzó a aplicar el Ejecutivo, no cumple con “las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Al respecto observaron que, en su artículo primero, la ley dispone como objetivo regular la atención y reparación integral de las víctimas y sus familiares; pero luego el texto se limita a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación.
Diversos sectores de Nicaragua han criticado la norma porque no incluye el tema de justicia para las víctimas.
La CIDH y la OACNUDH coinciden con ese análisis y aseguran que “pese a ser parte de su exposición de motivos, la ley no contempla ninguna medida para garantizar el derecho a las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia”.
Por ello, los dos entes reiteraron su preocupación por la “falta de voluntad” del Estado para esclarecer la “verdad” respecto a las “graves violaciones de derechos humanos” ocurridas en el contexto de las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2018 y que dejaron centenares de muertos.
Asimismo, los dos organismos lamentaron la aprobación expedita de dicha ley y la “ausencia” de un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas, algo que consideran “indispensable” para garantizar la “continuidad, legitimidad y vigencia” de cualquier programa o ley de reparación.
También criticaron que la ley se refiera a las protestas como un “intento fallido de golpe de Estado” porque consideran que esa “narrativa” que ha sido usada por el Gobierno solo “estigmatiza, revictimiza y descalifica a las víctimas de la represión estatal y sus familiares”.
Tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Entretanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelado por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de esa crisis.
Con información de EFE
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