La UE decidió negociar con México, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú acuerdos políticos que permitan a Europol intercambiar datos personales con ellos
La Unión Europea (UE) decidió negociar con México, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú acuerdos políticos que permitan a Europol intercambiar datos personales con ellos en el marco de investigaciones criminales, a fin de combatir el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo.
Los embajadores de los Veintisiete llegaron a un acuerdo político que, a continuación, deberá ser ratificado por el Consejo de la UE para dar el mandato a la Comisión Europea (CE) de negociar dichos acuerdos en su nombre, indicaron fuentes comunitarias.
Explicaron que será necesario trabajar en un acuerdo individualizado con cada uno de estos países de Latinoamérica, región donde solo Colombia cuenta ya con un pacto de estas características con la UE.
“Es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, señaló en Twitter a propósito del acuerdo de los embajadores la presidencia sueca de turno del Consejo de la Unión.
La Comisión es responsable, en nombre de la Unión, de negociar acuerdos internacionales con terceros países para el intercambio de datos personales con Europol, la agencia de cooperación policial de la Unión.
Tanto Europol como el Supervisor Europeo de Protección de Datos examinaron la propuesta y emitieron sus opiniones antes del acuerdo de hoy.
“Se trata de facilitar el trabajo de Europol y las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales que combate la delincuencia organizada”, comentaron las fuentes comunitarias.
Indicaron que, a la hora de intercambiar información con estos cinco países latinoamericanos, se guiarán por los máximos estándares de protección que aplica la UE.
El acuerdo que se negocie con cada uno de estos países debe respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de acuerdo a lo decidido hoy por los Veintisiete.
En particular, el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Además, los acuerdos no deben afectar a la transferencia de datos personales ni a otras formas de cooperación entre las autoridades responsables de salvaguardar la seguridad nacional, y debe entenderse sin perjuicio de las mismas.
Con información de EFE
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