Un cardenal llamó la atención al reunirse con familiares de Marielle Franco, una concejala y activista asesinada en Río de Janeiro, así como con los de su chofer y con un policía retirado
La inseguridad en Río de Janeiro así como la decisión de enviar a los militares ha realizar labores de vigilancia ha dejado a la Iglesia con la complicada tarea de tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada.
La muestra más reciente es sin duda el asesinato de la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Mirelle Franco. Ante la crispación de la población por el hecho y el vergonzoso silencio de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil, el Papa irrumpió con un sorpresivo llamado a los familiares de la activista muerta.
Solo unos días después, el cardenal Orani Joao Tempesta siguió su ejemplo y confortó a los familiares de Franco y a los de su chofer, quien murió en el mismo ataque. Sin embargo, su papel no terminó ahí, pues también se reunió con un policía retirado.
El pasado 26 de marzo, el purpurado compartió en Facebook imágenes de las reuniones. En ellas se puede ver a Tempesta con los familiares de las víctimas en la parroquia Santiago, en Inhaúma. En las fotos también aparecen el párroco y el vicario del lugar.
Más tarde, publicó: “Antes de la visita a los familiares de la concejala Marielle, tuve un encuentro con el agente Marcelo y sus familiares, en Cascadura. El agente de policía está aquí desde hace nueve años con secuelas por un enfrentamiento con traficantes. El encuentro tuvo lugar en presencia de los sacerdotes Marcelo de Assis Paiva, capellán de la Policía Militar, y Luiz Fernando de Oliveira Gomes, de la parroquia Santo Sepolcro, en Madureira”.
La reunión ha sido sorpresiva al semejarse a aquellas que habría tenido el papa Francisco, quien sigue con preocupación la escalada de violencia en el gigante sudamericano.
Por decreto del presidente Michel Temer, desde el 16 de febrero todas las fuerzas de seguridad en Río están supeditadas a un mando del Ejército, la situación no tiene precedentes desde el restablecimiento de la democracia en el país, en 1985.
La situación forzada por el incremento de la violencia, cuenta con el rechazo de organismos sociales y de derechos humanos, pues puede llevar a ejecuciones sumarias contra población civil.
Con información de La Stampa
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