
La llamada “bukelización” de la política se basa en la eficracia: resolver rápidamente a un costo institucional altísimo y preocupante
Por Daniel Zovatto
Nayib Bukele se ha convertido en uno de los líderes más populares de América Latina, proyectando una imagen moderna, disruptiva y, para muchos, “cool”. Pero detrás de esa estética comunicacional y de los resultados concretos en temas como seguridad, se esconde una deriva cada vez más autoritaria.
La llamada “bukelización” de la política se basa en un modelo de gobernabilidad centrado en la eficracia: resolver rápidamente algunos de los principales problemas que demanda la ciudadanía —en particular la violencia y el crimen—, pero a un costo institucional altísimo y profundamente preocupante.
El precio de esta “eficiencia autoritaria” ha sido el progresivo debilitamiento del Estado de derecho: violaciones sistemáticas a los derechos humanos, uso permanente del estado de excepción, acoso a periodistas y medios de comunicación, cierre de espacios cívicos, hiperpresidencialismo, cooptación de los poderes Legislativo y Judicial, y una clara transformación del régimen democrático hacia uno crecientemente autoritario.
La alta popularidad de Bukele —que algunos interpretan como un aval incuestionable— no puede, bajo ninguna circunstancia, confundirse con la calidad democrática de su gobierno. El respaldo ciudadano, por alto que sea, no es un cheque en blanco para gobernar sin límites ni contrapesos.
Más preocupante aún es su estrategia de posicionarse como el “carcelero de Trump” en Centroamérica, utilizando su política de mano dura contra las pandillas como carta de presentación para obtener legitimidad internacional y blindaje ante críticas externas. Este alineamiento pragmático evidencia hasta qué punto el modelo bukelista puede convertirse en una referencia peligrosa para otros líderes populistas de la región.
La pregunta que América Latina debe hacerse no es si Bukele es popular, sino si su modelo de gobierno es compatible con la democracia liberal y los derechos fundamentales. Porque el riesgo no es sólo para El Salvador: es para toda la región.