El politólogo Daniel Zovatto reflexionó sobre los cambios necesarios para corregir el mal sistémico del sistema electoral en Argentina
Al momento de hablar de la situación electoral en Argentina, Daniel Zovatto no duda en responder que los casos de corrupción en el país demuestran que todo es mentira. Por ello, no duda en dar su opinión sobre los retos que enfrenta el país para limpiar su proceso electorales y corregir el mal sistémico que enfrenta.
Por ello, a continuación reproducimos su última entrevista para el diario La Nación, donde sostiene que “la clase política debe demostrar un deseo auténtico no solo de autorregularse, sino también de cambiar sus malas prácticas”.
-¿Cuáles son las principales debilidades del sistema actual de financiamiento político?
-El actual marco regulatorio tiene serias limitaciones. Se caracteriza por un alto grado de incumplimiento y de opacidad, la gran mayoría de los informes financieros que presentan los partidos a la Justicia Electoral son un “dibujo”, y los mecanismos de control y las sanciones son lentos y débiles. Es una patología que afecta al sistema político en su conjunto y que por ello demanda una reforma profunda e integral de las actuales reglas de juego.
-¿Ve posible -incluso pertinente- una reforma del financiamiento político cuando faltan apenas meses para que comience otra nueva carrera por la presidencia?
-No solo lo veo posible y pertinente, sino también urgente. La coyuntura para la reforma es propicia por dos razones: los temas de alta sensibilidad política hay que discutirlos en años no electorales y sería inconveniente e irresponsable ir a las elecciones presidenciales de 2019 con la legislación actual. Es necesario y urgente blanquear el verdadero costo de la política y de las elecciones, para luego definir cuánto dinero público y privado deseamos inyectarle.
-¿Cuáles deberían ser los objetivos principales de esa reforma?
-La reforma debería apuntar a seis grandes objetivos: sincerar el sistema, la trazabilidad, la equidad, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, blindar el proceso electoral y a los partidos políticos, y por último, fortalecer los controles y las sanciones.
-¿Cómo? ¿Qué cuestiones centrales deberían abordarse?
-Debería regular, como mínimo, ocho ejes: 1) bancarizar los aportes para reducir al máximo las donaciones en efectivo y favorecer su trazabilidad; 2) mejorar las condiciones de equidad de la competencia electoral, regulando la publicidad oficial y aumentando el plazo de prohibición de los actos de gobierno dirigidos a captar el voto; 3) sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios; 4) incrementar la transparencia y la rendición de cuentas para combatir los altos niveles de opacidad actuales; 5) implementar el registro de aportes y gastos en tiempo real; 6) poner en marcha un registro de proveedores en línea; 7) incluir la regulación de las redes sociales junto a los medios de comunicación tradicionales, y 8) fortalecer la Justicia Electoral (aumentando el número de auditores de la Cámara Nacional Electoral y el flujo de información proveniente de diversas fuentes) y endurecer el régimen de sanciones, incluyendo a los candidatos entre los sujetos responsables por los incumplimientos.
-¿Qué implica, en la práctica, “incrementar la transparencia del financiamiento político?
-Un cambio completo de enfoque que permita saber quién y cuánto aportó. Y cuánto y en qué se gastó. Implica también sincerar el financiamiento político (tanto de los partidos como de las campañas electorales) de manera integral para evitar los riesgos de captura del Estado.
-¿Es eso posible?
-Hay que ver al financiamiento político como parte de un “ecosistema” de integridad de la política de manera amplia, y que por lo tanto incluya regulaciones contra la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, junto a normas de “compliance” del sector privado. No basta con garantizar la integridad del proceso electoral, hay que garantizar la integridad del sistema político en su conjunto y en todo momento.
-¿Es posible controlar cómo se financian las campañas?
-Sí, hay que poner a los candidatos como corresponsables del cumplimiento de las normas de financiamiento político, hay que fortalecer a la Cámara Nacional Electoral y hay que crear una Justicia Electoral como fuero especializado con recursos suficientes para ejercer un auténtico control. La manera en cómo se regulen ambas cuestiones permite evaluar el grado de compromiso de los políticos con la reforma.
-Y si se detectan violaciones a la ley de financiamiento, ¿qué tipo de sanciones considera pertinentes?
-La normativa vigente en materia de sanciones es laxa e ineficiente, y la experiencia comparada demuestra que sin órganos de control eficaces y, sobre todo, sin un régimen de sanciones (los “dientes” de las leyes) que duelan y se apliquen, y que sean parte de un sistema de premios y castigo, la reforma no será eficaz.
-¿Qué significa eso?
-En los casos de graves violaciones, la pérdida del cargo electivo si se demuestra que el candidato se financió de manera ilegal o superó el tope máximo del gasto electoral, como ocurre actualmente en Brasil, México, Chile y Panamá, entre otros países de América Latina.
-¿Eso no implicaría ir contra la voluntad popular si se excluyera al candidato que ganó?
-No, sería lo mismo que le ocurrió al ciclista Lance Armstrong, al que le retiraron sus premios, triunfos y medallas por doping, es decir, por competencia desleal. Dicho al revés, si el candidato no es responsable por lo que ocurre en su campaña, le estamos dando todos los incentivos desde el inicio de su campaña para que no respete los límites legales. ¡Y los resultados de algo así están a la vista en la Argentina! Por eso la nueva ley sobre financiamiento político debe fomentar un cambio cultural.
Con información de La Nación
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