Áñez, expresidenta de Bolivia, fue llevada al Instituto Nacional del Tórax en medio de una estricto operativo de seguridad al extremo
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió cinco meses en prisión en medio de una odisea en la intención de su familia para que se valore su deteriorado estado de salud en un centro privado y una serie de obstáculos gubernamentales para que aquello ocurra.
Una orden judicial autorizó que Áñez deje por dos horas el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores en La Paz para hacerse una valoración cardiológica en una clínica privada, sin embargo las autoridades de la dirección de Régimen Penitenciario dispusieron que se la lleve a un hospital público.
La exmandataria interina fue evacuada del penal en una silla de ruedas para abordar una ambulancia en medio de un operativo policial que pareció orientado a distraer la atención de los medios colocando ambulancias tanto en la puerta principal de la prisión como en la salida posterior.
La valoración médica
Áñez fue llevada al Instituto Nacional del Tórax en medio de una estricta acción de seguridad al extremo de que ni sus hijos ni su abogada pudieron ingresar para acompañarla.
“Se la ha trasladado con un enorme dispositivo de seguridad, estuvo el comandante departamental de la Policía, bomberos y el grupo Delta” y una unidad de la policía antidisturbios, manifestó su abogada Norka Cuéllar.
La jurista explicó que estuvo con Áñez en el penal cuando sufrió una descompensación por la hipertensión que padece y que luego “le han dado un hipertensivo bastante fuerte”, algo que, a su juicio, impediría una valoración médica precisa.
Según Cuéllar, la explicación de la Dirección de Régimen Penitenciario para no llevar a la exmandataria a la clínica privada fue que “no se les había notificado con 24 horas de anticipación”.
Áñez debía someterse a un “ecocardiograma de doble color” para que en función de eso se establezca la medicación que le corresponde, explicó Pablo Lara, uno de los dueños de la Clínica Alemana, donde la expresidenta interina debía ser atendida.
Cinco meses en prisión
En declaraciones, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, sostuvo que su madre está detenida de manera “injusta e inconstitucional” y consideró que la justicia en Bolivia “no es independiente”.
“Estamos esperando que las autoridades hagan lo correcto”, agregó Ribera.
Justamente este viernes Áñez cumplió cinco meses de detención tras haber sido acusada por delitos como terrorismo, sedición y conspiración en el llamado caso “golpe de Estado” por los sucesos durante la crisis política y social de 2019.
Pese a que su defensa pidió en varias ocasiones que le permitan defenderse en libertad, la Justicia dispuso primero una ampliación de su detención preventiva de 4 a 6 meses y luego por otros seis meses.
Ribera expresó que su madre se encuentra visiblemente afectada por su estado de salud por un “encierro injusto” y lamentó que pese a las gestiones de sus familiares no se permita “un examen integral”.
“Si a mi madre le llegara a pasar algo es culpa de este Gobierno“, enfatizó Ribera.
Dos exministros de Áñez también están detenidos preventivamente por el mismo caso y bajo los mismos cargos, en un proceso abierto también contra ex jefes militares y policiales además de algunos líderes de la oposición.
El Gobierno boliviano sostiene que en 2019 hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición asegura que su salida del poder fue consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales anulados posteriormente.
Con información de EFE
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