Ken Salazar manifestó que la actuación del gobernador de Texas de instalar boyas con púas es ilegal, por lo que el gobierno de EE.UU. interpuso su denuncia
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, entre otras autoridades estadounidenses, reconocieron que la colocación de boyas con púas en el Río Bravo por parte del gobierno de Texas es “ofensiva”.
Lo hallamos ofensivo y por eso el Departamento de Justicia ya estamos en las cortes porque nos parece que lo que hizo el gobernador de Texas (Greg Abbott) es ilegal”, manifestó el diplomático desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
En un evento en el que estuvo acompañado por Richard Verma, subsecretario de Estado de Administración y Recursos estadounidense, y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, Salazar confirmó la demanda del gobierno estadounidense contra Abbott por violar la Ley de ríos de 1899, poner en riesgo a los migrantes y de dañar el medioambiente.
El embajador manifestó su confianza de que el gobierno estadounidense está “del lado de la ley” y de que se ganará el caso.
Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron este miércoles en la mexicana Ciudad Juárez para abordar el tema migratorio y buscar soluciones humanas y legales a esta problemática.
La reunión fue encabezada por Richard Verma, subsecretario de Estado de Gestión y Recursos de Estados Unidos, el embajador de ese país en México, Ken Salazar, el cónsul Eric Cohan, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Leeser entre otros funcionarios y activistas.
En el encuentro, Verma recordó que en el mundo hay cerca de 100 millones de personas en movilidad y, de ellos, 20 millones están intentando entrar a Estados Unidos a lo largo de la frontera con México, por lo que, dijo, “es necesario buscar soluciones humanas y legales” a esta problemática.
Verma señaló que la relación con México es una de las “más importantes en el mundo” y afirmó que por ello “suceden muchas cosas buenas entre ambos países”
Apuntó que Estados Unidos aumentará el presupuesto de 4 hasta 40 millones de dólares (36 millones de euros al cambio de hoy) para apoyar a los países expulsores de migrantes, como una forma de controlar el fenómeno.
Además, señaló que una forma de parar este fenómeno es la colocación de oficinas de procesamiento para refugiados en países como Guatemala, Costa Rica, Colombia y están analizando la posibilidad de poder procesar desde México las solicitudes de ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Asimismo, señaló que ante la movilidad provocada por guerras, violencia, cambio climático y economía, están buscando acuerdos con diferentes herramientas.
Agregó que los traficantes de personas y de drogas son un blanco común para las autoridades de ambos países y también habló de planes a largo plazo para crear una frontera segura y moderna.
“Estamos aquí para demostrar nuestro compromiso con esta relación entre los países estoy orgulloso”, dijo Verma, quien también habló de que se requieren estrategias para frenar el flujo de fentanilo hacia el norte y de armas hacia el sur.
En su intervención, Campos aseveró que “esta mesa representa la colaboración entre ambos países que tenemos los mismos intereses para darles mejor calidad de vidas familias en la frontera”, dijo.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE