Human Rights Watch advirtió que las medidas que se han implementado en las cárceles de El Salvador ponen en riesgo muchas vidas dentro y fuera de los centros penitenciarios
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el encierro en celdas hacinadas, insalubres y sin luz a miembros de pandillas que se encuentran detenidos, denunció Human Rights Watch.
Por medio de un comunicado, la ONG recordó que el mandatario anunció que autorizaba “el uso de la fuerza letal” por las fuerzas de seguridad para “defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, sin mencionar que, según el derecho salvadoreño e internacional, esta constituye una medida de último recurso.
Ante la pandemia de Covid-19, las cárceles en El Salvador, al igual que en otros lugares, son un potencial epicentro de brote; este riesgo se ha exacerbado por las nuevas medidas de confinamiento dispuestas por el gobierno de Bukele”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Paradójicamente, el discurso de mano dura que utiliza el Presidente Bukele ante los 77 asesinatos de los últimos días, pone muchas más vidas en riesgo por posible contagio, tanto dentro como fuera de los centros de detención”.
Además, sobre la medida de juntar a miembros de distintas pandillas en una misma celda, ordenada también por Bukele, el organismo advirtió que ello podría agravar el riesgo de motines y violencia en las cárceles.
Denunció que en fotografías puede verse cómo los reclusos se encuentran casi totalmente desnudos y amontonados en el piso dentro de las cárceles, mientras la policía requisaba las celdas.
HRW observó que solo algunos de los presos portaban cubrebocas y se encontraban sin ningún tipo de distanciamiento social. Tampoco se observaron otras pautas de salud pública para prevenir la propagación del COVID-19.
Luna manifestó que la declaración de emergencia indefinida declarada por Nayib Bukele carece de fundamento legal, pues la ley de El Salvador establece que las declaraciones de emergencia deben durar un máximo de 15 días, a menos que sean prorrogadas.
Además, se exige que se notifique de inmediato al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General sobre la decisión de declarar la emergencia en los establecimientos. Un representante de la Procuraduría dijo a la ONG que no hubo notificación de la declaratoria.
Las irresponsables declaraciones del presidente Bukele sobre el uso de la fuerza letal podrían incentivar a los agentes de las fuerzas de seguridad a ejecutar a presuntos pandilleros, violando principios básicos del derecho salvadoreño e internacional”, alertó Vivanco.
Con información de López-Dóriga Digital
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