Julia Margarita Tomas, madre guatemalteca de ocho hijos, logró obtener el asilo político en EE.UU. por ser víctima de violencia doméstica en su país
Contra todo pronóstico, una madre guatemalteca de ocho hijos logró obtener el asilo político en Estados Unidos por ser víctima de violencia doméstica en su país, a pesar de que Donald Trump ha tratado de restringir este amparo para las migrantes maltratadas por sus parejas.
Un oficial de migración aprobó la solicitud de asilo político a Julia Margarita Tomas, de 34 años, quién logró comprobar que su vida corría peligro si regresaba a su país debido a las constantes amenazas de muerte que recibió por parte de su esposo.
“Me dijo que yo algún día tenía que volver a Guatemala, y que vería lo que me iba a pasar. Siempre me amenazaba y me pegaba con un machete, todo eso frente a mis hijos”, relató a Efe la mujer, quién huyó de su casa en 2016 junto a su hijo de cinco años.
Según sus abogados, el amparo migratorio también beneficia al menor, llamado Juan, así como a los otros siete hijos de la migrante que aún permanecen en Guatemala.
“Es un gran logro porque este puede ser uno de los últimos casos que sean aprobados bajo el argumento de violencia doméstica vivida en el país de origen”, señaló el abogado de migración Alex Gálvez, que representó a Julia.
El jurista se refiere a los casi dos años que ha invertido la Administración del presidente Donald Trump para restringir la protección del asilo a favor de víctimas de violencia doméstica y de pandillas.
En 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions limitó drásticamente las posibilidades para que mujeres como Julia calificaran para el asilo al intervenir en el caso conocido como “Matter of A-B”, en el que un juez de migración concedió este beneficio a una salvadoreña ser víctima de violencia doméstica.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) dictaminó que por los años que sufrió el abuso, la salvadoreña calificaba para el asilo político, una decisión que abrió el camino a decenas de peticiones similares.
No obstante, el fiscal se opuso al fallo y argumentó que “el mero hecho de que un país tuviera problemas para hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o violencia de pandillas, no puede ser establecido por sí mismo como causa de asilo”.
La decisión llegó hasta la corte federal. En diciembre de 2018, el juez Emmet Sullivan echó por tierra los cambios hechos por el fiscal general e incluso ordenó regresar a los migrantes que habían sido deportados bajo esa política.
El gobierno federal llevó la pelea al Tribunal de Apelaciones este 2019, donde aun está en discusión.
Gálvez asegura que el gran logro del caso de Julia es que fue un oficial de asilo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), quién le concedió el beneficio migratorio.
“Es la prueba de que las víctimas de violencia doméstica tienen casos creíbles. Además es muy difícil que pueda revertir su decisión”, insiste el abogado.
El proceso de reunificación se demorará casi un año. “Ojalá y los pueda tener conmigo la otra navidad, sería como completar el milagro”, señaló la mujer.
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia dará a conocer en las primeras semanas de 2020 si se sostiene el fallo del juez Sullivan o se implementan los cambios hechos por el DOJ.
Con información de EFE
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