HRW denunció que las detenciones arbitrarias constituyen un patrón en el actuar de las autoridades venezolanas durante los últimos años
Las fuerzas de seguridad de Venezuela deben acabar de manera inmediata con las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas, sin importar cuán largas sean las desapariciones, señaló la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
La presión internacional y las investigaciones en torno a estos abusos son elementos clave para lograr que las autoridades abandonen esta práctica, añadió el organismo.
El 18 de marzo de 2020, Tomeu Vadell Recalde, ejecutivo de la empresa Citgo Petroleum Corporation detenido de manera arbitraria por el gobierno de Nicolás Maduro, se puso en contacto con su familia por primera vez tras 42 días de detención.
Durante la llamada, el abogado de Vadell no pudo hablar con él ni su familia pudo confirmar su paradero, detalló HRW.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, consideró fuerzas de seguridad venezolanas hayan detenido de manera irregular a miles de personas, pero también lamentó que recurran a la desaparición forzada al ocultar de manera deliberada el paradero de quienes son puestos bajo custodia.
“Un crimen perverso y prohibido globalmente en toda circunstancia. Cuando esto sucede, la persona desaparecida queda en indefensión y la familia encara niveles de incertidumbre y sufrimiento que resultan inhumanos y abusivos”, subrayó Vivanco.
La desaparición forzada del empresario Vadell no es un caso aislado, sino que constituye un patrón en el actuar de las autoridades venezolanas durante los últimos años, aseguró HRW.
La organización Robert Francis Kennedy Human Rights, en colaboración con el grupo venezolano Foro Penal, prepara un reporte en el que identificaron 200 casos de desapariciones de corta duración en 2018 y 524 en 2019 perpetrados en el país sudamericano.
En promedio, las víctimas fueron detenidas por periodos de entre cinco y ocho días sin que se diera información sobre su paradero, muchos de ellos fueron torturados, además de que miembros del ejército que sufrieron estas prácticas desaparecieron por más tiempo que los civiles, identificó el estudio.
“En un país donde no existe independencia judicial, la única esperanza de las víctimas de rendición de cuentas se encuentra en el extranjero”, evaluó Vivanco.
Con información de Notimex
