La Casa Blanca señaló que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, son reponsables últimos de la sangrienta represión en el país
La violencia que sacude a Nicaragua en meses recientes y que dejó un saldo de unas 350 personas muertas, es responsabilidad del presidente, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, afirmó este lunes la Casa Blanca.
En una nota oficial, la presidencia estadounidense afirmó que Ortega y Murillo “son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo”.
En el documento, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró “el inicio, no el fin, de potenciales sanciones”. Añadió que “unas elecciones libres, justas y transparentes son el único camino hacia la restauración de la democracia en Nicaragua”.
Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.
Según la nota, la Casa Blanca tramitó la devolución de automóviles que habían sido donados a la Policía Nacional de Nicaragua y que habrían sido utilizados en la represión, y además ha bloqueado nuevas donaciones de equipos a las fuerzas de seguridad.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
El texto “pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones”.
Esas sanciones, como las adoptadas el 5 de julio contra tres funcionarios, se apoyan en la llamada “ley Magnitsky”, aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009.
Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones de los derechos humanos.
Con información de AFP
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