El caso denominado “El asalto al Ministerio de Salud” en Guatemala ha dejado a 112 personas implicadas, donde los señalados cobraron más de 7 millones de dólares en sobornos
Una amplia red de corrupción que operó en la cartera de Salud de Guatemala entre los años 2012 y 2014 y que vio este martes la luz a través del caso “El asalto al Ministerio de Salud” ha dejado a 112 personas implicadas, 19 de ellas capturadas, y reveló que los señalados cobraron más de 7 millones de dólares del erario público en sobornos.
Así se desprende de la investigación realizada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que permitió el arresto de 19 personas implicadas -de las 28 órdenes de captura emitidas-, la citación de otras 84 y la presentación de 10 antejuicios (procesos de desafuero) contra 10 diputados que estuvieron implicados en este “macro” caso.
Las pesquisas, realizadas durante los tres últimos años y algunas de las cuales derivan de otros casos de corrupción en el Ministerio de Salud, evidencian una “cooptación” de esta cartera entre 2012 y 2014, cuando Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez era titular durante el gobierno del Partido Patriota (2012-2015), encabezado por el expresidente Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por otras causas de corruptela.
Nada más llegar a ser ministro, Villavicencio y otras personas cercanas, entre ellas su hija Cándida Saraí y el excandidato a la Presidencia Luis Fernando Pérez, empezaron a analizar cuáles eran las áreas de la cartera en las que podrían hacer negocios y para ello colocaron a allegados en diferentes puestos, estableciendo una estructura interna y otra externa que les permitía llevar a cabo los actos ilícitos.
Villavicencio, su hija o Pérez fueron algunos de los que “lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares”, señaló la investigación.
Las modalidades para agenciarse los más de 7 millones de dólares en sobornos (unos 55 millones de quetzales) eran a través de la adquisición de bienes y servicios, la contratación de plazas en el Ministerio de Salud (a través de plazas fantasmas o a cambio de la devolución de parte del salario) y el cobro de comisiones ilícitas por remodelaciones y reconstrucciones de hospitales o la construcción de otros nuevos, algunos de los cuáles nunca llegaron a funcionar.
Los informes policiales, financieros y criminales recabados, así como los 37 mil correos electrónicos interceptados y el testimonio de un colaborador eficaz (Jorge Estuardo Estévez, asesor del ministro Villavicencio), permitieron realizar esta investigación de más de 100 mil folios.
Para el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y obras, los miembros de la estructura, dentro y fuera del Ministerio, crearon la necesidad de los bienes o elaboraron las bases de las adjudicaciones a medida para que pudieran participar las empresas elegidas por la trama.
En este sentido, aprovecharon la declaración del Estado de calamidad por un terremoto sucedido en noviembre de 2012 para agenciarse esas 51 obras de remodelación de hospitales y centros de salud, que tenían un coste total de 131 millones de quetzales (17 millones de dólares), y la construcción de cuatro nueves hospitales de un plan de fortalecimiento de la red por un valor de 368 millones de quetzales (unos 48 millones de dólares).
De ellos, 6.8 millones de dólares se fueron en coimas para diferentes miembros de la estructura.
En la segunda modalidad, adquisición de bienes y servicios, la estructura se agenció alrededor de 900 mil quetzales (117 mil dólares) en la compra de bombas de infusión y publicidad, y con la contratación de 450 plazas en el Ministerio consiguieron al menos un millón de quetzales (unos 130 mil dólares).
Otros negocios que intentó fraguar la estructura, en los que ya estaban negociadas las partes de coimas, no lograron fraguarse por diferentes motivos, como el poco interés por la baja cantidad de soborno en la compra de ambulancias, o la salida del ministro de la cartera, lo que acabó con la red.
Pero para el funcionamiento de esta trama, la estructura requirió la participación de algunos diputados, como Estuardo Galdámez (excandidato a la Presidencia por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional), Boris España, Roberto Kestler y Rolando Pérez, cinco de los 10 contra los que se presentó el desafuero.
Entre las 28 órdenes de capturas emitidas falta por ejecutar la del exministro, hasta ahora prófugo, su hija, o el excandidato Presidencial, a quienes la Fiscalía y la CICIG no ha podido ubicar durante los allanamientos que se realizan este martes en diferentes puntos del país en el marco de esta causa.
Con información de EFE
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