El tribunal debe decidir si Trump tiene inmunidad absoluta y, por tanto, se anula el juicio en su contra por injerencia electoral y el asalto al Capitolio
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró escéptico ante la petición de Donald Trump para gozar de inmunidad judicial absoluta por haber sido presidente del país, pero hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores.
En una audiencia histórica de más de dos horas, los nueve magistrados (seis conservadores y tres progresistas) interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la potencial inmunidad del republicano.
El alto tribunal debe decidir si Trump tiene inmunidad absoluta por haber sido presidente del país y, por tanto, debe anularse el juicio en su contra pendiente en un tribunal federal de Washington por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio.
La mayoría de jueces se mostraron escépticos a la petición de Trump al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas por la inmunidad y no aquellas que tienen carácter personal.
Pero también hubo magistrados conservadores críticos con el manejo del caso por parte de la Fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para determinar si las actuaciones de Trump fueron de carácter público o privado.
A Trump, precandidato republicano en las elecciones del próximo 5 de noviembre, le conviene alargar el litigio dado que, de regresar a la Casa Blanca, podría ordenar al Departamento de Justicia cerrar las acusaciones federales en su contra.
En cambio, la Fiscalía especial liderada por Jack Smith presiona al alto tribunal para que tome una decisión rápida y se puedan retomar los preparativos del juicio del asalto al Capitolio, que tendría que haber comenzado el pasado 4 de marzo pero que fue suspendido por la petición de inmunidad de Trump.
Se desconoce cuándo el Supremo emitirá su fallo, pero suele publicar sus decisiones en junio, antes del receso de verano.
Aunque no consta en la Constitución ni en las leyes, los presidentes de Estados Unidos en activo han gozado históricamente de una inmunidad frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones, para así evitar una violación a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.
Interrogado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump, el abogado del republicano admitió que algunas de las acciones que el expresidente llevó a cabo tras las elecciones de 2020 tuvieron carácter “privado” y probablemente no estén protegidas por la inmunidad.
Más tarde, el también conservador Samuel Alito presionó al fiscal con la idea de que dejar desprotegidos a los expresidentes “desestabilizaría” la democracia porque abriría la puerta a que los nuevos mandatarios encarcelaran a sus predecesores por venganza.
Las juezas progresistas se mostraron muy contrarias a la inmunidad absoluta de Trump.
Elena Kagan recordó que los redactores de la Constitución se oponían a la existencia de un “monarca” que estuviera “por encima de la ley” y Ketanji Brown Jackson sugirió que el indulto que recibió Richard Nixon tras el escándalo del Watergate demuestra que los exmandatarios sí que pueden ser procesados judicialmente.
A diferencia de Trump, sin embargo, Nixon no fue imputado formalmente por ningún delito. Su sucesor, Gerald Ford (1974-1977), le concedió un indulto preventivo por cualquier delito que hubiera podido cometer durante su Presidencia para evitar que fuera enjuiciado en el futuro, en una decisión llena de polémica que dividió al país.
Con información de EFE
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