Para albergues y activistas, las restricciones al asilo forman parte de un juego político que tiene como moneda de cambio la vida de migrantes
Con las nuevas restricciones al asilo en la frontera de Estados Unidos que entraron en vigor esta semana, las autoridades buscan imponer un “orden” en la llegada de migrantes.
Sin embargo, para los directores de albergues y los activistas, las nuevas medidas de la Administración de Joe Biden forman parte de un juego político que tiene como moneda de cambio la vida de las personas que buscan protección.
Mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente, el Gobierno estadounidense espera impedir que la mayoría de personas que crucen la frontera de manera irregular puedan pedir asilo, un estatus que solicitan miles de personas a diario para permanecer en el país.
Las nuevas restricciones funcionan con un botón de encendido y otro de apagado para graduar las entradas irregulares: entran en vigor cuando hay una medida sostenida diaria de 2 mil 500 cruces y se congelan solo cuando estos bajen a menos de mil 500.
El alcalde de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), el demócrata Oscar Leeser, dijo a EFE que ve estas restricciones como un paso “importante” para forzar a las personas a usar “vías legales” para entrar a Estados Unidos.
“Creo que vamos a ver cómo las personas van a acudir a los canales adecuados”, destacó el político, quien se unió a un puñado de líderes locales para acompañar a Biden en la Casa Blanca cuando se anunciaron las restricciones el martes.
Para Leeser, esta decisión de la Administración demócrata “eliminará los riesgos” para los migrantes al igual que su explotación por parte de redes de tráfico. “Para el Gobierno, es muy importante la seguridad y tratar a las personas de manera humana”, agregó.
La realidad es que, para las personas que se desplazan hacia Estados Unidos o que están en el lado mexicano de la frontera, las opciones para entrar legalmente al país son limitadas.
Para pedir asilo, la ley estadounidense estipula que una persona tiene que estar en territorio estadounidense. Una aplicación móvil, llamada CBP One, es la única manera de pedir una cita para presentarse a un puerto de entrada y solicitar la protección.
Sin embargo, hay un número limitado de citas diarias (mil 450) para ocho puertos de entrada en una frontera de más de 3 mil kilómetros.
Desesperados y ante los peligros que supone quedarse en México, donde acecha la violencia de los cárteles y la inseguridad, miles de migrantes cruzan de manera irregular a Estados Unidos para entregarse a las autoridades.
Hasta ahora, aunque fueran arrestados, tenían el derecho a pedir asilo, pero la nueva política de Biden elimina esa posibilidad para “la mayoría” de las personas, salvo unas pocas excepciones, y permite deportar o enviar de vuelta a México a los migrantes quienes no califiquen.
Un camino todavía más peligroso
Fernando García, director de la organización Border Network for Human Rights, con sede en El Paso, teme que los personas se vean forzadas a tomar rutas más peligrosas para lograr alcanzar una mejor vida en Estados Unidos.
“Va a haber una crisis mayor de personas cruzando por el desierto y las montañas, en una ola de calor sin precedentes; es la combinación perfecta para que haya más muertes de migrantes”, alerta.
Desde hace tres años, la cantidad de personas que mueren intentando cruzar la frontera ha ido en aumento: en 2023, se registraron 895 fallecimientos, mientras que en 2022 esta cifra fue de 568 y en 2020 de 254, según datos recopilados por la organización WOLA.
García tildó de “vergonzosa” la decisión de Biden de promulgar las restricciones y aseguró que se trata de una decisión política, en un año electoral en el que la gestión de la migración se ha convertido en uno de los temas más importantes para los votantes.
El demócrata, opinó, “está desesperado y quiere mostrarse duro con los migrantes para ganar los votos de los bloques más radicales” del país, frente a su rival republicano, Donald Trump, pionero de la retórica xenófoba en los últimos años.
En esto coincide Nora Pimentel, directora de Caridades Católicas en Brownsville, una ciudad también en la frontera con México.
“Esta medida es para demostrarle al país que aún lleva el control de la frontera”, destacó, “pero a mí me preocupa la gente, no debemos olvidar que tenemos una responsabilidad ante la humanidad y de proteger al ser humano”.
Con información de EFE
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