Mike Pompeo revisa la Ley de Libertad que permitiría a los exiliados cubanos demandar tanto a las empresas privadas como a la propia Cuba
Estados Unidos evalúa permitir juicios por propiedades privadas incautadas por Cuba luego de la revolución comunista, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, advirtiendo en especial a las empresas extranjeras que puedan estarse beneficiando de esto.
Pompeo dijo que estaba revisando avanzar con la Ley de Libertad, una norma de 1996 que permitiría a los exiliados cubanos demandar tanto a las empresas privadas como a la propia Cuba por obtener ganancias de propiedades nacionalizadas después de la revolución de Fidel Castro en 1959.
Hasta ahora, los gobiernos estadounidenses han usado su autoridad para retrasar la implementación de esta ley cada seis meses, pero Pompeo anunció que emitirá una suspensión por solo 45 días a partir del 1 de febrero.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en un comunicado que durante ese período la administración del presidente Donald Trump llevaría a cabo una “revisión cuidadosa” del tema.
Washington analizará los “esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluirá factores como la brutal opresión de los derechos humanos y las libertades fundamentales del régimen cubano y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua”, afirmó.
“Pedimos a la comunidad internacional que fortalezca los esfuerzos para responsabilizar al gobierno cubano por los 60 años de represión de su gente”.
“Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas y ayudando a esta dictadura”, añadió en el documento.
El gobierno cubano reaccionó el miércoles rechazando el anuncio. “Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer bloqueo a Cuba. Brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros Estados”, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
El canciller cubano destacó que desde 1996 todos los mandatarios estadounidenses han suspendido la aplicación de la ley “debido a la flagrante extraterritorialidad y daños que provocaría a intereses corporativos de Estados Unidos. Sometería arbitrariamente a empresas de terceros países a cortes de Estados Unidos”.
Reversión de la era de Obama
Esta advertencia es otro cambio brusco de las políticas del antecesor de Trump, Barack Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que las décadas de medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista cubano habían fracasado.
Incluso antes de la campaña de reconciliación promovida por Obama, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos determinaron que la Ley de Libertad arriesgaría relaciones clave, ya que aliados europeos y Canadá han hecho grandes inversiones en Cuba.
La Unión Europea (UE) presentó protestas y se quejó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) tras la aprobación en 1996 de esta norma, que autoriza las demandas de propiedad en tribunales estadounidenses como parte de una expansión del embargo que el país norteamericano ejerce sobre Cuba.
La Ley de Libertad fue impulsada por el senador republicano de extrema derecha Jesse Helms y el congresista Dan Burtan, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones de exiliados activistas cubanos.
El Consejo de Comercio y Economía entre Cuba y Estados Unidos, que apoya a las empresas estadounidenses en la isla, dijo que la medida de Pompeo fue calculada para “crear incertidumbre y, por lo tanto, ansiedad”.
La suspensión de 45 días “presenta la posibilidad de un siniestro panorama comercial, económico y político” para Cuba, la UE y todos los miembros de la OMC, dijo el presidente del consejo, John Kavulich.
En un discurso ante exiliados cubanos anticastristas en Miami después de asumir el cargo en 2017, Trump calificó las políticas de Obama de “terribles y equivocadas”.
El mandatario mantuvo las restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses y los negocios en Cuba.
Con información de AFP
Minuto a minuto
