Dreamer mexicano tiene esperanza puesta en el Tribunal Supremo de EE.UU.

Como miles de jóvenes indocumentados, el mexicano José López tiene su mirada y esperanza puesta en el Tribunal Supremo de EE.UU., que este martes escucha argumentos para decidir el futuro del programa que le permitió salir de las sombras para vivir y trabajar legalmente en este país.

López se unió este martes al congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, en un acto de solidaridad con los jóvenes que como él se han beneficiado del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que la Administración del presidente Donald Trump busca eliminar, mientras el Supremo escucha argumentos a favor y en contra de la iniciativa.

El caso llegó ante el más alto foro judicial del país, que escucha argumentos del gobierno así como de los dreamers, como se conoce a estos jóvenes, de sindicatos, universidades, estados, ciudades y de empresas como Amazon o Google que apoyan la permanencia del programa, creado en 2012 por orden ejecutiva del entonces presidente, Barack Obama.

El joven de 23 años, que se graduó el año pasado de la universidad gracias al programa DACA, admite sentir temor porque cuando el Supremo haga su decisión “va a tener un gran efecto en mi vida“.

“Si quitan DACA no voy a tener un permiso de trabajo y no voy a poder seguir trabajando” con una ONG que brinda diversos servicios, entre ellos de migración, indicó a EFE.

“Hasta que DACA no fue implementado yo no sabía qué iba a hacer porque no podía obtener un trabajo legal, tener licencia de conducir, no sabía cómo podía ir a la escuela (universidad). Iba a ser bien difícil tener una vida aquí sin documentos”, afirmó López, que llegó a EE.UU. cuando tenía cinco años, junto a su madre y hermana, todos indocumentados.

López, que trabajó como pasante con el congresista Adriano Espaillat tras culminar la universidad, asegura que existe “mucha incertidumbre” entre los beneficiarios del programa sobre su futuro.

“Es una ansiedad todos los días porque uno no sabe lo que va a pasar, no sé si me voy a encontrar con un oficial de migración, aunque siento que estoy protegido, hay un temor de que me vayan a detener y quieran deportarme“, argumentó, tras afirmar que “sería cruel que el Supremo no se ponga del lado correcto de la historia”.

El congresista Espaillat aseguró que “no hay razón” por la cual eliminar el programa y pidió al Supremo “que sea sensible con las necesidades de estas personas y sus familias”.

El político, que nació en la República Dominicana, destacó que a través del DACA muchos dreamers son ahora profesionales que aportan a la economía y también que el Tribunal Supremo debería escuchar el planteamiento que ha hecho la jueza Sonia Sotomayor sobre ese foro.

“Espero que los otros ocho jueces del Supremo hayan escuchado los comentarios de Sotomayor que dijo que ella ve a esa corte muy rápida en amparar la agenda del presidente. La Corte Suprema debe ser un órgano independiente y transparente que debe tomar decisiones en base al mérito de la ley”, afirmó.

Espaillat espera además que los jueces del alto foro “sean sensatos, sensibles frente a la realidad de 800 mil jóvenes que en todo sentido son estadounidenses aunque no tengan ese documento”.

Destacó que 97 por ciento de los beneficiarios del programa DACA trabaja o estudia, “contribuyen enormemente a la economía, son dueños de pequeños negocios, de viviendas, son enfermeros, trabajan en todos los sectores y merecen quedarse en Estados Unidos”.

El Centro de Estudios de Inmigración dio a conocer un nuevo perfil sobre los beneficiarios del DACA que revela que el 81 por ciento ha vivido en EE.UU por más de 15 años, que el 83 por ciento trabaja y de este grupo, el 95 por cinto son empleados.

También que 346 mil 455 niños nacidos en los EE.UU. menores de 18 años tienen al menos un padre que es un dreamer.

El estudio reveló además que el 88 por ciento habla inglés bien, muy bien, o solo inglés, y que provienen de 158 países.

Entre las ciudades que están apoyando el DACA figura Nueva York y su fiscal general, Letitia James, que acudió ante el Supremo en su defensa y afirmó que es “imperdonable” que el Gobierno continúe usando a estos jóvenes “como fichas políticas”.

Con información de EFE