Acusan al presidente de Guatemala de participar en la red criminal y de corrupción que operaba desde la autoridad recaudadora de impuestos
Una comisión legislativa que tramita el antejuicio solicitado por el Ministerio Público contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, recomendó hoy levantar la inmunidad al mandatario para que se someta a los tribunales.
La comisión pesquisidora, luego de casi dos horas de deliberaciones, resolvió que sí procede el antejuicio contra el gobernante, señalado por cargos de corrupción en el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denominado La Línea.
Los integrantes de la comisión pesquisidora -dos del oficialista Partido Patriota (PP), dos de Libertad Democrática Renovada (Lider) y una del minoritario Encuentro por Guatemala (EG)- sesionaron este sábado para resolver el proceso de antejuicio.
El presidente de la comisión pesquisidora, Mario Linares, del PP, dijo a periodistas que la resolución será debatida el lunes por el pleno del Congreso, formado por 158 diputados, que deberá ratificar el dictamen de la comisión pesquisidora y emitir el decreto respectivo.
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, anunciaron el 21 de agosto la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y la solicitud de antejuicio del mandatario.
La titular del MP, Thelma Aldana, indicó que es necesario el desafuero del presidente para avanzar en la investigación en su contra por el caso de corrupción de La Línea.
El MP y la CICIG, que colabora en la lucha contra el crimen organizado en Guatemala, señalan a la ex vicepresidenta Baldetti y al presidente de participar en la red criminal y de corrupción que operaba desde la autoridad recaudadora de impuestos de Guatemala.
Pérez Molina envió este sábado por escrito su informe a la comisión pesquisidora, que la estudió y luego emitió su dictamen.
El abogado de la presidencia, César Calderón, sostuvo que no era necesaria la comparecencia del mandatario ante los diputados de la comisión pesquisidora, y que presentar su defensa por escrito se apega a la ley.
Destacó que en el informe, el presidente Pérez Molina desmentía cualquier participación en los ilícitos en la SAT y que la escucha telefónica autorizada, presentada como prueba en contra por el MP, no lo compromete de ninguna manera en el caso.
El abogado sostuvo que “si se pone atención a esa llamada telefónica, no tiene absolutamente nada de anormal, es el presidente de la República que está coordinando operaciones de cualquier naturaleza”.
Dijo también que no tenían definida la estrategia para el caso que el Congreso decidiera el desafuero del presidente Pérez Molina, pero adelantó que se defenderán con todas las herramientas legales.
Resaltó que en todo caso, el presidente Pérez Molina “se va a someter a cualquier proceso legal”, derivado de las acusaciones del MP y de la CICIG por su presunta participación en el caso de La Línea.
Los cinco diputados de la comisión pesquisidora trabajaron a puerta cerrada este sábado en el Congreso, resguardado por la policía, para emitir el dictamen que será estudiado el próximo lunes en sesión plenaria.
Redacción
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