El plan de deportaciones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que pretende detener el flujo de migrantes indocumentados, podría facilitar de varias maneras los mismos delitos que pretende acabar y favorecer al crimen, aseguró un análisis de InSight Crime. De acuerdo al estudio de este Centro de Investigación de Crimen Organizado, esto podría suceder de cinco formas: pérdida de inteligencia, mayor demanda de servicios criminales, más corruptos en potencia, menos remesas y menos cooperación. En primer lugar, aseguró que imponer medidas de seguridad más fuertes podría efectivamente debilitar los esfuerzos para detener el crimen en ambos lados de la frontera. En la pérdida de inteligencia explica que los avances tecnológicos, como las cámaras, los drones y los análisis forenses, ayudan a resolver los crímenes, sin embargo, la medida de la administración Trump impide los esfuerzos para desarrollar estas fuentes. Esta medida, apunta que impedirá la […]
El plan de deportaciones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que pretende detener el flujo de migrantes indocumentados, podría facilitar de varias maneras los mismos delitos que pretende acabar y favorecer al crimen, aseguró un análisis de InSight Crime.
De acuerdo al estudio de este Centro de Investigación de Crimen Organizado, esto podría suceder de cinco formas: pérdida de inteligencia, mayor demanda de servicios criminales, más corruptos en potencia, menos remesas y menos cooperación.
En primer lugar, aseguró que imponer medidas de seguridad más fuertes podría efectivamente debilitar los esfuerzos para detener el crimen en ambos lados de la frontera.
En la pérdida de inteligencia explica que los avances tecnológicos, como las cámaras, los drones y los análisis forenses, ayudan a resolver los crímenes, sin embargo, la medida de la administración Trump impide los esfuerzos para desarrollar estas fuentes. Esta medida, apunta que impedirá la capacidad de los organismos de seguridad para reconstruir las historias de los crímenes o entender a profundidad los barrios donde hay grupos de migrantes indocumentados.
“Esto incluye casos que conducen a la identificación de comportamientos criminales, como la violencia doméstica y el abuso infantil, o ilustran una escalada del comportamiento criminal”, señaló.
De igual manera, “la intervención temprana utilizando medidas moderadas, como los servicios sociales o el bienestar infantil, también se reducirá drásticamente, lo cual llevará a que los hijos de los inmigrantes sean más vulnerables a los abusos, y aumentará la probabilidad de que más tarde se involucren en actividades criminales.”
En la mayor demanda de servicios criminales, explicó que entre más difícil sea cruzar la frontera, habrá mayor necesidad de ayuda profesional. A esto, vaticina que los migrantes recurrían a los traficantes profesionales conocidos como coyotes —quienes trabajan con organizaciones narcotraficantes grandes y violentas— para que les ayuden a cruzar.
Dicha situación, “seguirá aumentando si el gobierno estadounidense extrema las medidas de seguridad y amplía el muro fronterizo”, según una afirmación de Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad de Texas Valle de Río Grande, y miembro del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.
“Muchos intentarán regresar a Estados Unidos, y actualmente lo están haciendo, pagándoles a los traficantes de personas y a las Organizaciones Transnacionales Criminales de origen mexicano, para que los ayuden a regresar. A veces aceptan trabajar para dichas organizaciones e incursionar en el negocio del tráfico de personas, e incluso en el narcotráfico”, advirtió.
Más corruptos en potencia, pues según la gestión Trump intentará contratar al menos cinco mil nuevos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), el segundo aumento masivo de personal en una década: entre 2006 y 2012, la CBP se duplicó en tamaño, pasando de unos 10 mil a 21 mil miembros, refirió Insight Crime.
Apoyado en información del Centro de Periodismo de Investigación (Center for Investigative Reporting), el análisis se argumenta en una serie de informes presentados en los que se describían muchos de estos casos y se trazaban los alcances de empleados infiltrados por las organizaciones de narcotraficantes y que habían sido enviados a buscar puestos en la CBP con el fin de continuar sus conspiraciones criminales.
Se descubrió que cerca de 150 empleados del CBP habían sido acusados o condenados por corrupción entre 2004 y 2014. Respecto a la caída de las remesas, señala que muchos de los países que cuentan con éstas son también las naciones con más criminalidad y pandillas en la región. Entre ellos se encuentra El Salvador (4 mil millones de dólares al año), Guatemala (6 mil millones de dólares al año), Honduras (3,3 mil millones al año) y México (24 mil millones al año).
“Una pérdida parcial de estas remesas podría conducir a dificultades económicas y a mayor actividad criminal, lo que a su vez podría generar más migración”, alerta el análisis.
Sobre la menos cooperación que el mensaje que la administración Trump ha enviado al mundo, puntualiza que la estrategia del Presidente de los Estados Unidos “ya está causando divisiones entre aliados clave como México y los mencionados países del Triángulo Norte”, que según el Instituto para la Política Migratoria (Migration Policy Institute), aportan casi 15 millones de migrantes al país.
InSight Crime sustenta con datos estatales en Pinal County, Arizona, además que “los inmigrantes son menos propensos que los ciudadanos nacidos en el país a cometer delitos violentos o a ser encarcelados. Y la criminalidad a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos ha ido disminuyendo en los últimos años.”
Con información de Quadratín
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