Cuestionan congruencia de Almagro ante crisis en Nicaragua


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Julio Icaza Gallard dijo que Almagro debe solicitar la convocatoria urgente del Consejo Permanente para evaluar la situación desde el punto de vista de las obligaciones del Estado de Nicaragua con los derechos humanos


Julio Icaza Gallard, jurista y catedrático, cuestionó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debido su “doble estándar” aplicado a las crisis de Venezuela y Nicaragua.

En una columna para el diario La Prensa de Nicaragua, el catedrático fija su postura sobre Almagro.

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Aquí el texto íntegro.

En un artículo publicado en LA PRENSA el mes de octubre del año pasado, trataba de hallar una explicación al doble estándar aplicado por el secretario general de la OEA a las crisis de Venezuela y Nicaragua, contradicción que había llegado a convertirse, en ese momento, en la más grande incógnita política de Nicaragua. Uno de los argumentos esgrimidos de manera oficiosa para justificar esa doble cara, era que en nuestro país no había oposición y que la OEA no iba a hacer el trabajo que le tocaba a los nicaragüenses.

¿Qué dirán, me pregunto, aquellos en la Secretaría que pensaban de manera tan cínica, tras ver las decenas de jóvenes asesinados, los centenares de heridos, los numerosos testimonios de torturas brutales y sádicas, producto de la represión desatada contra los estudiantes? Una barbarie, cuyas últimas dimensiones no se sabrán hasta que la CIDH y una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas no verifiquen in situ los detalles de lo que, por declaraciones de los familiares, se perfila cada vez más como una operación de aniquilamiento al estilo nazi.

¿No será que el silencio inexplicable que hasta hoy han guardado sobre estos hechos, él y su corte de funcionarios del Frente Amplio Uruguayo, se deba a que simplemente no tienen cómo justificar su inacción y complicidad, frente a una situación que acabaría de una manera perfectamente previsible? ¿Cuántos muertos requiere para ir más allá de un par de fríos comunicados, rellenados con generalidades, condenando la violencia en abstracto? La Secretaría General de la OEA y sus funcionarios tienen una cuota de responsabilidad respecto a estos graves sucesos y lo mejor que puede hacer es rectificar de inmediato, contribuyendo de una manera más eficaz y transparente a la solución de la crisis.

¿Qué hace el señor Penco, en una permanente misa negra con el Gobierno de la que nadie es informado, en medio de la tremenda crisis que vive el país? ¿Es admisible que ante una situación como esta la Secretaría General funcione como un equipo asesor de su principal causante y calle ante tanta evidencia de una violación masiva de los derechos humanos? ¿Piensa acaso que Ortega en las presentes circunstancias está en capacidad de aprobar unilateralmente las reformas de la Ley Electoral que el señor Penco, de manera sospechosa y oscura, le ha recomendado?

Nicaragua, a partir del 19 de abril, ha entrado en una nueva fase histórica y lo que cabe es dar por finiquitado el burdo e insignificante Acuerdo de Cooperación firmado hace dos años con Ortega, utilizado por este con el único objetivo de ganar tiempo, y ponerse a disposición del diálogo nacional para apoyarlo técnicamente. Almagro debe dar las gracias al señor Penco por los servicios prestados y buscar profesionales fuera de toda sospecha ideológica partidaria, que puedan colaborar de manera objetiva y profesional con la democratización de Nicaragua. E insistir en el despliegue incondicional e inmediato de una misión ad hoc de la CIDH, para determinar la responsabilidad de los crímenes.

En octubre de 2016, el señor Almagro presentó al gobierno de Ortega un informe que, hasta el día de hoy, ha permanecido inexplicable e injustificadamente en el más absoluto secreto. Ese informe se refiere a las condiciones, inaceptables desde el punto de vista de los estándares establecidos por la Carta democrática, en que iban a desarrollarse, y efectivamente se desarrollaron, las elecciones generales de diciembre de 2016. La exclusión de la oposición y los elevados índices de no participación en esas elecciones, determinaron un serio agravamiento de la falta de legitimidad de Ortega. La publicación de ese informe arrojaría mucha luz sobre una de las causas profundas de la crisis de gobernabilidad que enfrentamos y la urgencia de un adelanto de las elecciones, como única forma de garantizar una transición ordenada y pacífica hacia la democracia.

El secretario general Almagro debe, por último, solicitar la convocatoria urgente del Consejo Permanente, para evaluar la situación desde el punto de vista de las obligaciones del Estado de Nicaragua con los derechos humanos y los principios de la Carta democrática y recabar el sustento político necesario para una intervención orientada a la efectiva defensa de estos.

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