Expertos señalan que las autoridades mexicanas no tendrían por qué tener ningún impedimento para divulgar la información requerida por Brasil
La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.
El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.
La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a calificar esta investigación como “el caso de sobornos en el extranjero más grande de la historia”.
La gran mayoría de los países afectados tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.
México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.
“En el caso de Venezuela es clarísimo porque se trata de una dictadura corrupta y aunque es el país donde más contratos ha tenido Odebrecht, no se sabe absolutamente nada”, afirmó José Ugaz, presidente del capítulo de Transparencia Internacional en Perú y experto en temas de corrupción.
“En el caso México, tiene que ver con la falta de independencia del procurador general y presumo que con que personas del entorno del Presidente de la República como el señor Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y otros, están también vinculados a estos casos”, agregó en conversación telefónica con la agencia.
Odebrecht confesó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos, pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.
Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia le pidió divulgar los datos disponibles para facilitar “la rendición de cuentas” y “el control sobre el actuar de la autoridad”, según un comunicado de principios de octubre.
Según Ugaz, exfiscal artífice del desmantelamiento de toda la trama de corrupción del expresidente peruano Alberto Fujimori, las autoridades mexicanas no tendrían por qué tener ningún impedimento para aceptar los términos impuestos por Brasil “como hemos hecho todos los demás países donde está funcionando la investigación”.
Por eso teme que el objetivo de tal actitud sea que la trama mexicana quede impune.
“Sin una autoridad de investigación independiente y con el compromiso de algunos miembros del partido de gobierno en estos casos de corrupción, se produce una mezcla fatal, donde la falta de voluntad política lo que busca es generar impunidad”, sentenció Ugaz.
La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.
En varios comunicados sobre el tema, la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios, nueve exfuncionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.
La fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”, pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agrega la respuesta de las autoridades brasileñas.
Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.
La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.
En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron “un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado” pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.
Según Ugaz, “queda mucho por recorrer” en esta trama latinoamericana de sobornos y corrupciones “y cuando se abran estas cajas de pandora como la de Venezuela o México sabremos más cosas”.
Con información de AP
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