Ante el gran número de casos pedientes, los juzgados intentarán agilizar los procesos con los que se han considerado juicios en serie
Una jueza federal en California se irritó cuando un abogado de decenas de personas acusadas de cruzar la frontera en forma ilegal pidió más tiempo para reunirse con sus clientes antes de que les fijaran fianza.
Eran las 5 de la tarde un viernes en mayo y la jueza en San Diego lidiaba con una fuerte carga de trabajo que había aumentado considerablemente debido a la política de “tolerancia cero” del gobierno del presidente Donald Trump para enjuiciar a los detenidos por ingresar en forma ilegal en Estados Unidos.
“Ha sido una semana pesada”, dijo la magistrada federal Nita Stormes, quien dejó entrever que la corte necesitaba más jueces y defensores públicos.
En su intento por reducir la carga de trabajo, la corte asignará a partir del lunes un juez para que vea los casos de inmigración que impliquen delitos menores y enviará grupos grandes de personas a juicio en un tipo de proceso que los detractores llaman justicia en serie. Como lo muestra la medida, California, al igual que otros estados fronterizos, resiente la carga de la tolerancia cero que ha recaído en las cortes federales, en particular en la entidad más poblada del país, que por mucho tiempo se había resistido a efectuar audiencias judiciales colectivas para personas detenidas por cruzar la frontera sin permiso.
Fueron pocos los casos de inmigración en los primeros meses del año en el Distrito Sur de California. Hubo cero en febrero, cuatro en marzo y 16 en abril, según el secretario del tribunal. Pero cuando la tolerancia cero entró en pleno vigor, los casos se dispararon a 513 en mayo y 821 en junio.
Como sea, estas cifras son bajas comparadas con las de otros distritos que han efectuado durante años audiencias judiciales colectivas. Los cuatro tribunales de la zona fronteriza del Distrito Sur de Texas han llevado casi 9.500 casos de ingreso ilegal en las ocho semanas posteriores a la entrada en vigencia de la tolerancia cero, pero también han registrado fuertes aumentos en sus cargas de trabajo. El Distrito de Arizona manejó en mayo tres veces más casos que el de California.
Las audiencias colectivas quizá se remontan a diciembre de 2005, cuando la Patrulla Fronteriza puso en marcha la “Operación Simplificación” en Del Rio, Texas, para llevar a juicio a los detenidos por cruzar la frontera sin permiso. En los tres años siguientes, la práctica se había ampliado a todos los distritos judiciales federales a lo largo de la frontera, salvo a California, cuyos fiscales federales habían argüido que los escasos recursos disponibles podrían aprovecharse mejor si se perseguía a redes de traficantes y a reincidentes con historiales delictivos serios que hubieran cruzado la frontera.
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