El gobierno de Burundi decidió abandonar la institución internacional mientras esta investiga la grave crisis política del país africano
Burundi se convirtió el viernes en el primer país en retirarse de la Corte Penal Internacional, aunque miembros del tribunal indicaron que la fiscalía de la CPI seguirá adelante con las pesquisas sobre la mortal crisis política en el país del este de África.
La salida se hizo efectiva el viernes, un año después de que el país del este de África notificara al secretario general de Naciones Unidas su intención de abandonar el tribunal que persigue las peores atrocidades del mundo, según confirmó un portavoz del tribunal.
Burundi es el único de los tres países africanos que completarán el proceso tras anunciar iniciativas al respecto el año pasado, en medio de acusaciones de que la corte se centra demasiado en África.
La salida de Sudáfrica fue revocada en marzo. El nuevo gobierno de Gambia canceló su salida en febrero.
La ministra de Justicia de Burundi calificó el viernes la salida como “un gran logro” para reforzar la independencia del país. Aimee Laurentine Kanyana también pidió a policías y fiscales que respeten los derechos humanos para que “la gente blanca” no tenga “pruebas falsas en las que basarse para acusar a Burundi”.
La marcha de Burundi no afecta a la pesquisa preliminar sobre la situación del país que ya había emprendido el fiscal de la CPI, según indicó a The Associated Press el portavoz del tribunal, Fadi El Abdallah. Ese caso se abrió en abril de 2016.
Burundi sufre una crisis política que se ha cobrado varias vidas desde 2015, cuando el presidente anunció que optaría a un cuestionado tercer mandato que terminó obteniendo.
En el país se siguen cometiendo crímenes contra la humanidad como asesinatos y violencia sexual, según concluyó el mes pasado una comisión investigadora de Naciones Unidas, que pidió a la CPI que abriera una investigación tan pronto como fuera posible.
Entre los supuestos responsables hay miembros destacados de los Servicios Nacionales de Inteligencia y la policía de Burundi, así como mandos militares y miembros de la rama juvenil del partido en el gobierno, conocida como Imbonerakure, según el reporte de la comisión de EEUU, basado en entrevistas con más de 500 testigos.
Cientos de miles de personas han huido del país.
La operación “es un grave paso atrás que amenaza con aislar más al país en la comunidad internacional”, indicó Catherine Ray, vocera de la responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. La UE espera que Burundi siga cooperando con la corte.
Grupos de derechos humanos condenaron la decisión y pidieron a la CPI que persiga las infracciones en Burundi.
“Aunque el gobierno del presidente Pierre Nkurunziza no coopere con la corte, la CPI tiene formas y medios para investigar y procesar los crímenes cometidos”, afirmó Matt Cannock, responsable de justicia internacional en Amnistía Internacional, que tachó la maniobra de “un cínico intento de eludir a la justicia”.
“La retirada oficial de Burundi de la Corte Penal Internacional es el último ejemplo de los deplorables esfuerzos del gobierno para proteger a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos de cualquier clase de responsabilidad”, afirmó Param-Preet Singh, director asociado de justicia internacional en la organización Human Rights Watch, en un comunicado publicado el viernes. “Instamos a la CPI a adoptar una estrategia progresiva para interpretar su jurisdicción de modo que las víctimas conserven un acceso viable a la justicia”.
Redacción
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