Lula asumió el 1 de enero la Presidencia de Brasil por tercera vez, y lo hizo en medio de protestas de activistas de ultraderecha
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cumplirá este miércoles un mes en el poder, período en el que ha enfrentado un intento golpista de la ultraderecha y tenido guiños sociales, pero no ha terminado de aclarar su línea económica.
Lula asumió el 1 de enero la Presidencia por tercera vez, tras haber gobernado entre 2003 y 2010, y lo hizo en medio de protestas de activistas de ultraderecha que exigían un golpe para mantener en el poder al exmandatario Jair Bolsonaro, quien dos días antes había viajado a Estados Unidos, donde aún permanece.
Si bien la partida de Bolsonaro y la gran fiesta popular de la investidura parecían haber desalentado a los golpistas, el domingo 8 de enero la ultraderecha intentó forzar una insurrección militar con un violento ataque contra los tres poderes de la nación.
En sucesos que aún se investigan, pero en los que presume que hubo hasta complicidad de unos pocos miembros de las Fuerzas Armadas, miles de activistas ocuparon simultáneamente y destrozaron las sedes de la Presidencia, del Parlamento y la Corte Suprema.
La más grave agresión a la democracia brasileña desde el golpe de Estado de 1964, que inauguró una dictadura que duró 21 años, fue sofocada tras unas cuatro horas y dejó cerca de 1.800 detenidos, de los cuales un tercio continúa en prisión.
Lula, quien recibió apoyo de toda la comunidad internacional, fue firme frente al golpismo y promovió algunos cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas dirigidos a expurgar al bolsonarismo.
El efecto buscado por esa minoría radical acabó siendo un bumerán que desarticuló a la ultraderecha y llevó a sectores conservadores más moderados a respaldar la “pacificación” política propuesta por el líder progresista.
El acento social de Lula y la tragedia Yanomami
Fuentes oficiales consultadas por EFE admitieron que la violencia del “8-E” causó un cierto “aturdimiento” en un Gobierno que daba sus primeros pasos.
Eso no impidió, sin embargo, que Lula mostrara el acento social que pretende imprimirle a su gestión.
Renovó un plan de subsidios que atiende con unos 600 reales (300 dólares) mensuales a unas 40 millones de personas en situación de pobreza y abrió un amplio diálogo con la sociedad civil a fin de que colabore en la formulación de políticas sociales, que aún están en proceso de diseño.
Mostró su cara más humana después de que el Ministerio de Salud desveló una gravísima situación humanitaria en territorio de los yanomamis: desnutrición, malaria, altas tasas de mortalidad y ríos contaminados con el mercurio usado por mineros ilegales que pasaron a operar en esa región amazónica alentados por Bolsonaro.
Lula viajó a la tierra Yanomami, decretó una “emergencia sanitaria” y ordenó una vasta operación de socorro, así como una investigación sobre lo que cree que puede constituir el delito de “genocidio”.
En esa línea, el Supremo determinó este lunes que la Justicia analice la posible responsabilidad de funcionarios del Gobierno de Bolsonaro y su supuesta “omisión” ante la crisis de los yanomanis, denunciada desde hace más de dos años por los indígenas.
Una intensa diplomacia, pero dudas en la economía
Lula también cumplió su promesa de que Brasil “vuelva al mundo”, tras haber estado virtualmente aislado por la carga ideológica que Bolsonaro imponía a su política exterior.
El nuevo presidente hizo sendas visitas oficiales a Argentina y Uruguay, que incluyeron el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), concretado en la cumbre celebrada en Buenos Aires.
Sea durante su investidura o en el marco de la Celac, Lula se ha reunido en su primer mes con 15 mandatarios extranjeros, la mitad de los que Bolsonaro encontró durante cuatro años en el poder.
También ha reactivado las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas por Bolsonaro por sus diferencias ideológicas con Nicolás Maduro.
Dudas en la economía
Este primer mes de Gobierno no ha ayudado a despejar las dudas en torno a su política económica, que en parte dependerá del respaldo de un Congreso que se instalará este miércoles, con mayoría conservadora.
El Gobierno se ha comprometido a proponer una reforma tributaria que imponga una carga mayor a los más ricos y a modificar leyes que limitan el gasto público para ampliar la inversión social, así como a diseñar una nueva política industrial que promueva una retomada de la actividad y la generación de empleos.
Sin embargo, la falta de definiciones ha sembrado desconfianza en el mercado financiero, que prevé para este año una inflación cercana al 6 por ciento y un insuficiente crecimiento del 1.2 por ciento.
Con información de EFE
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