El estado brasileño de Roraima aseveró que sin ayuda financiera y logística del gobierno federal, no cuentan con las condiciones para soportar el alto costo social
La Procuraduría General de la República de Brasil se pronunció en contra de cerrar la frontera con Venezuela, a petición de la gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos, ante la imposibilidad de atender a todos los inmigrantes que han ingresado desde el país vecino.
El posible cierre de la frontera o la limitación del número de inmigrantes venezolanos que ingresa a Brasil violan compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos asumidos por el gobierno brasileño, aseguró el subprocurador general de la República, Luciano Mariz Maia.
Reconoció que el flujo migratorio saltó en los últimos meses, pero aclaró que Brasil garantiza la protección de los refugiados incluso como signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a buscar y gozar de asilo en otros países sin sufrir persecución.
Para el Ministerio Público, el cierre de la frontera también viola otros acuerdos internacionales firmados por Brasil, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, detalló el subprocurador en una carta, que citó el diario venezolano El Universal.
“El cierre de la frontera ofende frontalmente tanto la protección a los refugiados como la política brasileña de migración, y provocaría el aumento del ingreso irregular y de la permanencia clandestina de esas personas, lo que agravaría la situación social en la región”, afirmó el subprocurador.
El Ministerio Público recordó que una de las bases de la nueva Ley de Migración de Brasil es el Principio de Acogida Humanitaria.
El cierre de la frontera con Venezuela fue solicitado a la Corte Suprema el 13 de abril pasado por la gobernadora de Roraima, Suely Campos.
Campos argumentó que el ingreso diario de entre 500 y 700 inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis económica, social y política de su país ha provocado una grave crisis en uno de los estados más pobres de Brasil.
De acuerdo con la gobernadora, sin ayuda financiera y logística del gobierno federal de Brasil, el estado de Roraima no tiene condiciones de soportar el alto costo social y económico causado por el éxodo de venezolanos ni de ofrecerle a todos los inmigrantes los servicios obligatorios como salud y educación.
Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 50 mil venezolanos se han establecido en los últimos meses en Boa Vista, capital de Roraima, lo que supone más del 10 por ciento de la población total de esa ciudad, estimada en unos 320 mil habitantes.
La magistrada Rosa Weber, instructora en la Corte Suprema del proceso abierto ante la petición de Roraima, le dio el lunes un plazo de 30 días al gobierno brasileño para que se pronuncie sobre la exigencia del estado fronterizo.
La magistrada también determinó que en ese mismo plazo ambas partes se pronuncien sobre una posible conciliación amigable para superar el asunto, por considerar que el diálogo y la cooperación institucional son “imprescindibles” para solucionar los conflictos entre el gobierno federal y las unidades federativas.
Hasta ahora, tanto el presidente brasileño, Michel Temer, como su ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, han dicho que no ven motivos para cerrar la frontera con Venezuela a pesar de la llegada masiva en los últimos meses de inmigrantes venezolanos que huyen de la “crisis humanitaria” en su país.
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