Amnistía Internacional pidió a Nayib Bukele evitar la detención de personas que incumplan el confinamiento forzoso y respetar sus Derechos Humanos
Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, implementar una estrategia de salud pública basada en proteger a la población y sus derechos humanos, y evitar la detención de personas que incumplan el confinamiento forzoso.
En una carta abierta AI, junto con otras organizaciones, expresó su preocupación ante estas medidas e instó al Gobierno a revertir “inmediatamente” las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 en el país.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que estas decisiones, lejos de cumplir fines sanitarios, solo han generado múltiples denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, “incluidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”.
El pasado 21 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó una “cuarentena domiciliar” y “absoluta” por 30 días para contener la pandemia de COVID-19.
Apuntó que las personas que no acataran la medida serían detenidas y llevadas a un “centro de contención” para pasar ahí la cuarentena y se le retirarán “algunos beneficios” que reciben quienes se encuentran en estos lugares desde que comenzó la emergencia.
Guevara-Rosas dijo que las autoridades salvadoreñas han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de contención que, muchas veces, “no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico”.
Y señaló que con esta estrategia, el gobierno solo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad y aseguró que estas medidas afectan de manera desproporcionada a quienes viven en pobreza y salen en busca de agua, comida o medicinas.
Aseguró que El Salvador necesita soluciones integrales que atiendan la desigualdad y las causas que provocan que muchas personas necesiten salir para satisfacer sus necesidades básicas.
A mediados de abril, Bukele decidió ampliar el estado de emergencia nacional por COVID-19 por quince días y empezó a vivir una crisis institucional tras el anuncio de Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema que ordena frenar las detenciones y confinamientos “forzosos” de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia.
Amnistía Internacional condenó esos mensajes públicos del presidente que llaman al incumplimiento de dichas sentencias y que desacreditan a las organizaciones de Derechos Humanos.
El Gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el Estado de Derecho y los derechos humanos”, puntualizó Guevara-Rosas.
Hasta este miércoles, El Salvador registra 377 contagios, mientras que los muertos suman 9, según datos oficiales.
Con información de EFE
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