Un informe de AI analiza la inversión de gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina es la zona más afectada por COVID-19
La desigualdad estructural y el bajo gasto en protección social y salud pública dispararon la letalidad por COVID-19 en América Latina y convirtieron a la región en el epicentro de la crisis sanitaria, según el último informe de Amnistía Internacional.
“Las crisis preexistentes como la falta de infraestructura y de inversión pública, y la falta de priorizar el derecho a la salud durante décadas generaron una tierra fértil para que la covid-19 afectara de manera desproporcional a América Latina”, explicó a Efe, Érika Guevara, directora regional de la ONG.
El estudio, desarrollado por AI y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), analiza la inversión de gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina se ha convertido, con 56.4 millones de casos y 1.2 millones de muertes, en la zona más afectada del mundo por el virus en términos sanitarios y económicos.
Con solo 8.4 por ciento de la población mundial, la región ha padecido 28 por ciento del total mundial de muertes a causa de COVID-19, siendo los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social los que más sufrieron.
Esta es la principal conclusión del informe “Desigual y letal: cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina”, que agrega que “la violación del derecho a la salud no se da por azar, sino por decisiones de autoridades del Estado”.
“Se podría haber evitado”
México, Brasil y Perú, donde el 1 por ciento más rico de la población acapara más del 30 por ciento de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes en la región en proporción a su población, destaca el reporte.
En la misma línea, Chile, donde el 20 por ciento más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20 por ciento más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región.
Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, “ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal”.
Kate Donald, directora ejecutiva en funciones del CESR, señaló que “si los países latinoamericanos hubieran actuado en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas”.
“Ahora (los gobiernos) tienen la oportunidad de prevenir el próximo desastre generado por la desigualdad y de cambiar a una economía basada en los derechos movilizando proactivamente los recursos”, agregó.
Más gasto en salud
Aunque la Organización Panamericana de la Salud establece que un mínimo del 6 por ciento del PIB debe dedicarse a la salud, casi todos los países de la región gastan menos, lo que se traduce en que no tienen suficientes camas de hospital ni profesionales, detalló Guevara.
En Perú, en el decenio que precedió a la pandemia, las autoridades no aumentaron el gasto público en salud a pesar del crecimiento económico sostenido durante años y solo invirtieron el 3.3 por ciento de su PIB.
En México, más de 15 millones de personas perdieron el acceso a la cobertura de salud en los dos años previos a la pandemia debido a ineficiencias burocráticas en la política gubernamental.
En Chile, el gasto público per cápita en salud representa únicamente un tercio de la media de los países de la OCDE, indica el reporte, y la mitad del gasto total en atención de la salud procede de los bolsillos de los pacientes, agregó Rodrigo Bustos, director de AI Chile.
Mejorar la recaudación
AI señala que una de las principales causas del bajo gasto en salud es la baja recaudación tributaria: en 2019, la región únicamente recolectó en promedio 22 por ciento de su PIB en impuestos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), frente al 33 por ciento de la media en los países de la OCDE.
Además, en muchos países de la región los sistemas tributarios son regresivos, con impuestos que no exigen lo suficiente a quienes pueden pagar más, por lo que no cuentan con herramientas para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza.
A esto se suma que los recursos no se invirtieron con el objetivo de atender las desigualdades ni a los grupos históricamente marginalizados, denunció Guevara.
“No hubo una respuesta diferenciada por parte de los Estados para los pueblos indígenas, las comunidades negras, las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza y que por ende fueron afectados desproporcionadamente por la pandemia”, dijo.
“En términos generales -concluyó- América Latina se vio sumida en una crisis no solo sanitaria sino de derechos humanos”.
Con información de EFE
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