La expresidenta de Argentina está acusada de asociación ilícita y administración fraudulenta. El juez del caso ordenó un embargo de 633 mdd
Un juez procesó el martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga la concesión irregular de obras públicas.
El juez federal Julián Ercolini también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández de 10 mil millones de pesos (unos 633 millones de dólares) y dispuso el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio de Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.
Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la acusan además de los delitos de administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública. Fernández ya había declarado respecto al caso en octubre en calidad de investigada.
También procesó al empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con la concesión irregular de obras, indicó el Centro de Información Judicial.
Redacción
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