Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga serán buscados en más de 90 países gracias a la ficha roja girada en su contra por Interpol
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró la ficha roja para la localización y detención de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.
La ficha roja de búsqueda fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa al matrimonio y a otras diez personas por el desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga.
El desvío millonario se realizó bajo la adquisición de contratos para equipar diversos penales federales.
Se presume que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga se encuentran en Estados Unidos en un intento por evadir la prisión preventiva que se les impondría en caso de ser detenidos.
A través de comunicados en su cuenta de Instagram, la conductora de televisión ha afirmado que “bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado” y ha externado su temor por la orden de internarla a ella y su esposo en una prisión de máxima seguridad.
Historia legal
Los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos.
En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.
En 2016, la presentadora fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.
De ser encontrada culpable, Gómez Mont, quien tiene 7 hijos, podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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