T-MEC tendrá consecuencias de gran alcance para México, asegura Jorge Castañeda

El analista mexicano Jorge Castañeda seguró que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá consecuencias de gran alcance para México en particular.

En un texto difundido en Project Syndicate, el exsecretario de Relaciones Exteriores señaló que se espera que el Senado de Estados Unidos Y el Parlamento canadiense aprueben a principios del 2020 el pacto comercial que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo ya ha sido avalado por el Congreso mexicano y esta semana por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La votación en la Cámara Baja de EE.UU. sobre el T-MEC viene más de un año después de que fuera firmado por los líderes de México, Estados Unidos y Canadá en Buenos Aires. Dicho periodo, asegura Castañeda Gutman, es más largo de lo que muchos habían anticipado, pero más corto de lo que otros esperaban, después de que los republicanos perdieran la mayoría en la Cámara de Representantes estadounidense en las elecciones de mitad de período de 2018.

Funcionarios y analistas de los tres países habían tenido la esperanza de que el Congreso estadounidense aprobaría el T-MEC, dadas las importantes concesiones en empleos, mano de obra, medio ambiente, solución de controversias, productos lácteos y propiedad intelectual que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le había arrebatado a los gobiernos mexicanos y canadienses.

No obstante, a finales de noviembre de 2019, ya era el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y la administración de Trump ni siquiera había enviado el proyecto de ley del T-MEC  a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo que aumentó la posibilidad de que el acuerdo se pospusiera hasta después de las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU.

Había razones políticas y sustantivas para el aparente estancamiento del acuerdo comercial. El asunto político era evidente: si Pelosi apoyaba el T-MEC, ella le daría a Trump una victoria al mismo tiempo que la Cámara Baja lo enjuiciaba. No obstante, si se oponía al pacto comercial alegando que no cumplió con las demandas de las organizaciones laborales estadounidenses, expondría a los demócratas a la acusación de Trump de que solo están interesados ​​en anular el resultado de las elecciones de 2016.

Finalmente, Pelosi tomó la decisión de buscar un acuerdo, calculando que los beneficios de un enfoque constructivo superaban los inconvenientes de darle a Trump algo de qué jactarse.

Mientras tanto, las dificultades sustantivas estaban relacionadas principalmente con la implementación de las disposiciones laborales, ambientales, de propiedad intelectual y de solución de controversias del T-MEC.

Particularmente, los sindicatos estadounidenses y muchos demócratas del Congreso exigieron que se revisara el acuerdo para permitir que los funcionarios estadounidenses realicen inspecciones in situ no anunciadas de plantas y empresas en México.

Este tipo de controles, argumentaron dichos grupos, determinarían si México estaba cumpliendo realmente las disposiciones del pacto respecto a la negociación colectiva y los contratos, las condiciones de trabajo, las elecciones sindicales y el liderazgo, y otros asuntos.

Luego de que los negociadores mexicanos inicialmente rechazaron esta demanda, el 10 de diciembre, más conversaciones dieron lugar a un acuerdo aceptable para todos.

Al igual que el TLCAN, el T-MEC es mucho más importante para la economía de México que para la de Estados Unidos. Además, las disposiciones laborales y ambientales del nuevo acuerdo están esencialmente dirigidas a México. Aunque estas medidas adicionales son bienvenidas, llegan en un momento difícil para las finanzas mexicanas.

Cuando el TLCAN fue finalmente aprobado en Estados Unidos en 1993, solamente incluía acuerdos paralelos sobre trabajo y medio ambiente, prácticamente sin mecanismos de aplicación, y mucho menos sanciones por incumplimiento.

En 2017, cuando Trump obligó a México a renegociar el TLCAN, los demócratas, sindicatos y activistas ambientales de EE.UU. se quejaban de que México había  estafado a Estados Unidos durante el cuarto de siglo anterior al no mejorar sus prácticas laborales y la regulación ambiental.

Aunque es posible que estos críticos cayeran en una exageración (Andrés Manuel López Obrador ya había persuadido al Congreso mexicano para la aprobación de reformas laborales de gran alcance), tenían un punto, y en las negociaciones del T-MEC estos y otros sectores se centraron en la aplicación de estas disposiciones.

Como resultado, el pacto comercial revisado contiene una serie de mecanismos de aplicación muy necesarios.

Para empezar, el pacto transfiere la carga de la prueba con respecto a las presuntas violaciones de las disposiciones laborales o ambientales del acusador (en la mayoría de los casos, los Estados Unidos) al acusado (generalmente México).

Además establece un sistema de respuesta rápida de paneles independientes para recibir quejas y determinar si se violaron los derechos laborales, e imponer sanciones si así fuera.

Finalmente, ocho agregados estadounidenses (cinco de ellos enfocados en asuntos laborales y tres en asuntos ambientales) serán enviados a México como parte del T-MEC para “monitorear y hacer cumplir” el cumplimiento del país con sus obligaciones en estos rubros.

Los agregados laborales informarán a un Comité Laboral Interagencial cada tres meses el progreso alcanzado y, en principio, tendrán derecho a escuchar quejas, incluso a través de una línea telefónica directa las 24 horas, e investigar presuntas violaciones de las leyes laborales mexicanas.

Las autoridades mexicanas han cuestionado si estas disposiciones se acordaron realmente en la Ciudad de México el 10 de diciembre, mientras que la comunidad empresarial del país se decía sorprendida por estas medidas y se dijo incómoda con ellas.

Sin embargo, lo más probable es que estas disposiciones no se modifiquen, pues fueron las que persuadieron a los sindicatos y demócratas de Estados Unidos para respaldar el T-MEC de Trump.

De igual forma será difícil eliminar de la noche a la mañana algunas de las ventajas competitivas más importantes, aunque vergonzosas, de México. Salarios bajos, condiciones laborales deplorables, sindicatos moderados y el desprecio absoluto por el medio ambiente han sido ingredientes cruciales del auge de las exportaciones mexicanas durante el último cuarto de siglo.

Es probable, y ciertamente deseable, que el T-MEC, al introducir efectivamente un protectorado laboral y ambiental, obligue a México a abandonar estas prácticas vergonzosas. No obstante, hacerlo en un momento en que economía mexicana se encuentra estancada y existe una alta probabilidad de recesión podría empeorar la situación.

Del mismo modo, las nuevas disposiciones laborales y ambientales seguramente harán que el sector privado, tanto extranjero como local, sea aún más reacio a invertir en un país gobernado por una administración errática.

El T-MEC puede tener éxito en mejorar enormemente la posición de Estados Unidos con respecto a empleos, inversiones, mano de obra, medio ambiente y solución de controversias. Pero si el pacto tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico y el bienestar de México, así como reforzar el Estado de derecho, no alcanzará estos objetivos en el corto plazo, aseveró Jorge Castañeda.

Con información de Project Syndicate