Sin embargo, señaló que Volkswagen podría ser sancionable ante el supuesto de una afectación de la economía de los consumidores y su salud
La Secretaría de Economía comunicó a la Cámara de Diputados que carece de facultades para verificar Normas Oficiales Mexicanas que regulen o vigilen la emisión de gases contaminantes, en particular sobre la manipulación de modelos con motor diésel, por parte de la automotriz Volkswagen.
Sin embargo, dijo, considerando la información y problemática reportada por Estados Unidos, podría estarse ante el supuesto de una afectación de la economía de los consumidores y su salud, lo cual es sancionable, en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ello, en función del fallo que emita la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), destacó.
La Gaceta Parlamentaria publicó la respuesta de la dependencia a un acuerdo aprobado por la Cámara baja, el pasado 21 de octubre, donde se le solicitó evaluar el daño ambiental, así como la afectación a los consumidores por la manipulación de modelos con motor a diésel y se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa alemana.
En el documento, “queda establecido que si la empresa Volkswagen, a través de sus distribuidores, ofreció información incorrecta al conceder expresamente que sus vehículos nuevos cumplían con las disposiciones legales en materia ambiental, la confianza y buena fe de los consumidores pudo haber sido vulnerada. Toda vez que adquirieron un auto que se encontraba sujeto a sanciones de las autoridades ambientales”, subrayó.
En ese sentido, refirió que la Profeco cuenta con un total de 23 expedientes por procedimientos por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor en contra de Volkswagen. Se han emitido 13 resoluciones administrativas con multas como sanción económica.
Del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2015, se han presentado 805 quejas contra esta empresa, derivadas por reclamaciones de defectos de fabricación, negativa a hacer efectiva la garantía y diferencia en la reparación.
Indicó que la Profeco tiene como atribución procurar la solución de diferencias entre consumidores y proveedores, sustanciando el proceso conciliatorio, en el cual se programan audiencias a las que acuden las partes ante un conciliador de la procuraduría, con el fin de encontrar la mejor solución a la queja presentada.
Además, pone a disposición de los consumidores afectados por incumplimiento de proveedores, una plataforma de solución de controversias denominada CONCILIANET en la cual se pueden presentar reclamaciones o quejas vía Internet si el proveedor en cuestión se encuentra registrado. Esto permite que el trámite sea más ágil y rápido.
Ante ello, los legisladores expusieron que la empresa automotriz reconoció haber manipulado modelos con motor a diésel para que registraran menos emisiones contaminantes, y en México se vendieron 39 mil vehículos con este tipo de motor.
Mencionó que la cantidad de autos de esa firma alemana representa el 0.04 por ciento de los 11 millones de vehículos que la compañía reconoció haber instalado software para burlar los límites máximos de gases contaminantes, y las autoridades mexicanas han pedido a la empresa responsabilizarse de lo ocurrido.
Sin embargo, dijo, “es urgente evaluar los daños ambientales, así como la afectación a los consumidores que adquirieron a un costo elevado este tipo de autos”.
Por lo tanto, recomendaron que es necesario sancionar a la automotriz y a quien resulte responsable de la comercialización en territorio nacional de este tipo de vehículos. “De ningún modo debe ser pretexto que los estándares de emisiones contaminantes en nuestro país estén por debajo de Estados Unidos o Europa”.
Redacción
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