Hasta el momento, hay seis suspensiones provisionales contra el acuerdo del Gobierno de México que impide la entrada en funcionamiento de plantas solares y eólicas
Un juez federal mexicano especializado en competencia económica concedió seis suspensiones provisionales contra el acuerdo del Gobierno de México que impide la entrada en funcionamiento de plantas solares y eólicas.
“Se concede la suspensión provisional“, expresó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en cuatro expedientes publicados este martes que se suman a otros dos concedidos el lunes.
Varias empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante este juzgado contra el polémico acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, gestor público del sistema eléctrico, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas.
Entre los quejosos están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en el estado de Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.
Estas medidas cautelares solo se aplican a las empresas a las que se le concedió la suspensión provisional y no sirven para anular el polémico acuerdo gubernamental que a finales de abril obligó a frenar “las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación comercial”.
A esto se sumó el acuerdo de la Secretaría de Energía que el pasado viernes estableció una limitación sin fecha a las energías renovables, ya que por su intermitencia “exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como a los usuarios finales”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió estos acuerdos para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con el mandatario, su predecesor, Enrique Peña Nieto, intentó “destruir” ambos compañías al abrir el sector energético a las empresas privadas.
La principal patronal mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anunció que llevaría a cabo las medidas legales pertinentes frente a un cambio de reglas “ilegítimo” en el sector, donde ya hay más de 30 mil millones de dólares invertidos.
Este acuerdo energético ha desatado perplejidad y preocupación en las empresas internacionales con presencia en México y en sus países de origen.
Tras publicarse el acuerdo, Canadá y la Unión Europea enviaron cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresando sus reservas.
Con información de EFE
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