El CEESP consideró que si las autoridades mexicanas no logran controlar el COVID-19, podrían existir rebrotes que generen una caída mayor del PIB
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que si el Gobierno de México no logran controlar el COVID-19, podrían existir rebrotes que generen una caída mayor de la estimada del Producto Interno Bruto (PIB).
Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que los países que no implementan medidas adecuadas frente al coronavirus, presentarán rebrotes en 2021.
En México se estima una caída del 6.6 por ciento del PIB en 2020 y un crecimiento de 3 por ciento en 2021.
“Pero la perspectiva puede ser mucho peor, si se considera que debido a la falta de información de los contagios por la escasez de pruebas, el control de la epidemia puede retrasarse, la reapertura puede complicarse, y pueden surgir rebrotes en diversos sectores”, señala el análisis semanal del CEESP.
Resaltó que “no es de descartarse que el PIB real del país no alcance su nivel de 2018 antes de 2024”, por lo que “es imprescindible tomar acciones cuanto antes, para enfrentar la emergencia económica, proteger a las familias, empleos y empresas; facilitar la inversión pública y privada en proyectos viables y actuar rápidamente en favor del sector salud. Para proteger el bienestar de la población y de lograr la reactivación”, indica.
El Centro de Estudios explicó que la caída de la economía en el primer trimestre de este año refleja en parte la recesión que ya se esperaba en el mundo, pero también la ausencia de políticas públicas favorables para el crecimiento.
Cuestionó que el gobierno federal insista en seis aspectos, como impulsar proyectos de infraestructura –Tren Maya, aeropuerto en Santa Lucía y refinería de Dos Bocas– cuya rentabilidad social no ha sido evaluada.
Asimismo, que mantenga y consolide sus programas sociales, de corte asistencial, y que ahora se presentan como los instrumentos de apoyo ante la crisis sanitaria-económica.
Cuestionó también la profundización de una política de austeridad republicana que “no tiene ninguna justificación aparente, ahogando el gasto de operación de las agencias gubernamentales. Mantener una excesiva austeridad para cumplir con el objetivo de balance fiscal cero, en medio de la contingencia que se vive, es simplemente incomprensible”.
Consideró también negativo no querer actuar en forma decidida para mitigar los daños a las personas que quedan desempleadas y sus familias, a los trabajadores informales, principalmente en las áreas urbanas, que buscan el sustento diario y que se convierten lógicamente en línea de contagio y con posibilidades de volverse fuente de violencia.
Resaltó además “la renuencia a apoyar a las empresas, de todos tamaños, a fin de proteger el empleo y su propia supervivencia -lo que amenaza al empleo de forma duradera-, bajo la excusa de no ceder a peticiones de rescate y condonaciones de los de arriba”.
Y sexto, criticó que las autoridades sanitarias, al ignorar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias prestigiadas, se han opuesto al uso extendido de pruebas de diversos tipos, que podrían identificar contagios del virus oportunamente y poner en marcha políticas de identificación de focos de propagación y rastreo, como se hace en otros países.
El Centro de Estudios, integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que el gobierno también ha endurecido su política de recaudación tributaria, lo que es plenamente justificado y no solo es su derecho, sino también su obligación, pero lo que no se justifica es que ésa sea prácticamente la única relación con el sector privado, ciudadanos y empresas.
En las circunstancias actuales “de apremio y gravedad de la economía nacional”, advierte que restringir la liquidez de empresas y hogares (al endurecer su política de recaudación) propicia la pérdida de empleos y el aumento de la pobreza, y ello, finalmente afecta más a los más necesitados
Aunado a esto, dijo, se aprecia la intención de retomar el control de actividades que hoy al parecer se consideran exclusivas del Estado, como la generación de electricidad y actividades relativas a hidrocarburos, mediante cambios regulatorios en acuerdos administrativos que atentan contra la seguridad de los contratos de inversionistas privados y el Estado de derecho.
Con información de Milenio y Notimex
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