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Incremento de la pensión para adultos mayores y la disminución de la edad de 65 años a partir de julio de 2021: financieramente inviable y electorera
Persona de la tercera edad. Foto de archivo.

Por Mario Di Costanzo A. 

El anuncio implica que para el mes de julio del presente año un universo de 10,300,000 adultos mayores estarían en posibilidad de recibir una pensión bimestral de 3,105 pesos bimestrales, lo que generaría un gasto en este programa para el segundo trimestre del año de 95 mil 944 millones de pesos.

Si a lo anterior sumamos la erogación de 68,850 millones de pesos en el primer semestre del año (dado que se adelantaron los pagos), se tendría un gasto aproximado de casi 165 mil millones de pesos.

Lo anterior implica un sobre ejercicio de recursos de casi 30 mil millones de pesos, dado que el Presupuesto para 2021 se aprobaron 135 mil millones de pesos para dicho programa y está sujeto a Reglas de Operación.

Para los subsecuentes ejercicios fiscales; 2022 ,2023 y 2024 el costo mínimo aproximado del Programa sería de 230.2 mmp, 276.3 mmp y 331.6 mmp. Dado que no se considera en este cálculo el factor demográfico y el efecto inflacionario.

Aun sin considerar dichos factores, representa un incremento de casi 70% para 2022 con respecto a lo aprobado en el PEF 21 (135 mmp) y de 40% si consideramos lo que se erogaría con la entrada en vigor de las modificaciones a partir de julio.

De acuerdo al último CENSO DEL INEGI, en la actualidad existen 10 millones 300 mil adultos mayores (65 o más).

Sin embargo de acuerdo al propio CENSO, actualmente 4.8 millones de personas se encuentran entre los 60 y 64 años de edad, por lo que dentro de los próximos 5 años, estas 4.8 millones de personas alcanzarán los 65 años y cumplirán con los requisitos que establecería Programa, y al no existir una fuente estable y permanente de fondeo la presión sobre las finanzas públicas sería insostenible, siendo ésta aún mayor que la del Sistema de Pensiones.

De hecho para 2022 se puede proyectar que al menos el universo de personas de 65 años o más seria superior en cuando menos 600 mil personas a los 10 millones 300 mil que actualmente existen (es decir serán casi 11 millones) y así sucesivamente por los próximos 5 años, por lo que los costos que se muestran en el cuadro 1 son una mera estimación muy puntual respecto a la situación actual, además que el costo del programa excluye el efecto inflacionario.

Por ello, la medida se considera financieramente inviable para las finanzas públicas y evidentemente electorera.

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