La Alianza por la Justicia Fiscal urge una reforma fiscal progresiva que eleve los ingresos permanentes, reduzca subsidios regresivos y reoriente el gasto
La Alianza por la Justicia Fiscal, un colectivo de organizaciones y especialistas, reconoció avances puntuales en el Paquete Económico 2026 aprobado por el Congreso, pero advirtió que el país sigue sin afrontar el “gran pendiente”: una reforma fiscal profunda y progresiva que eleve los ingresos del Estado y garantice derechos sociales.
En un posicionamiento público, la organización señaló que el paquete –que define ingresos, gasto público y deuda para 2026– incluye pasos en control recaudatorio, combate al “huachicol fiscal” y la ampliación de impuestos especiales, entre ellos a productos no saludables, pero subrayó que no modifica los problemas estructurales del modelo fiscal.
“Aunque el Paquete Económico 2026 avanza en medidas de control, eficiencia recaudatoria, combate al huachicol fiscal y ampliación de impuestos especiales (…) persisten altos costos de deuda, subsidios energéticos y concentración del gasto en pensiones”, expuso.
El colectivo alertó que, pese a ajustes realizados en la Cámara de Diputados, México mantiene una presión tributaria baja: la recaudación será de 15.1 por ciento del PIB, 3.6 puntos por debajo del promedio latinoamericano y la más baja de la OCDE, cuyo promedio “recauda cerca del doble”.
Esa brecha, aseguraron, limita recursos para áreas consideradas prioritarias, lo que impide que haya una mayor inversión pública en áreas clave como educación, salud —en especial de las personas sin seguridad social—, seguridad o infraestructura.
La Alianza también señala insuficiencia presupuestal para crisis climática, transición energética, transporte público, ciencia, tecnología y política cultural.
Asimismo, criticó el destino del incremento recaudatorio, pues lamentaron que “casi todo el incremento en la recaudación servirá para dar más apoyos a Pemex y compensar la reducción de la renta petrolera del Gobierno federal, sin una mejora en el gasto de inversión de la petrolera ni un replanteamiento de su modelo de negocios”.
Esto, afirmó la organización, reducirá el impacto social del esfuerzo fiscal de los contribuyentes.
La Alianza también mostró preocupación por el aumento del déficit público. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) llegarán a 4.1 por ciento del PIB, por encima del 3.9 por ciento proyectado en 2025, sin un impulso proporcional a la inversión productiva.
“Por cada peso de endeudamiento, solo se gastarán 61 centavos en inversión física, lo que debilita el uso sostenible de la deuda”, apuntó.
En contraste, el colectivo reconoció la creación del Anexo Transversal 31 en materia de cuidados, que permitirá monitorear recursos federales destinados a ese rubro, aunque consideró que debe acompañarse “con la creación en los hechos de un sistema de cuidados que logre garantizar este derecho humano”.
Finalmente, llamó a replantear el marco fiscal, pues afirmó que “es urgente una reforma fiscal progresiva que eleve los ingresos permanentes, reduzca subsidios regresivos y reoriente el gasto hacia inversión social, transición energética y sostenibilidad de largo plazo”.
Con información de EFE
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