El Consejo Coordinador Empresarial señaló que es necesario elevar los niveles de inversión en materia de infraestructura
La infraestructura además de ser un detonador del crecimiento económico, también es un factor de inclusión social y mejoramiento de calidad de vida de las personas, por ello es necesario elevar los niveles de inversión en la materia, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
De ahí que es necesario que los tres órdenes de gobierno del país y el sector privado conviertan el desarrollo de la infraestructura en una política de Estado, señaló el organismo en el documento “Infraestructura para el desarrollo”.
“Los tres órdenes de gobierno en el sector público y el sector privado tenemos que convertir el desarrollo de infraestructura en una política de Estado”, señaló.
Destacó que es necesario incrementar la eficiencia en el gasto, la transparencia en la ejecución de los proyectos y priorizar aquellos que tienen mayor impacto en la productividad de la economía.
Recordó que tanto la historia como la experiencia internacional han demostrado que la infraestructura es un detonador del crecimiento económico. “Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que 40 por ciento de las diferencias en la tasa de crecimiento de los países se explica por su inversión en infraestructura”.
Sin embargo, resaltó, en los últimos 35 años, la economía mexicana ha tenido niveles de inversión por debajo de lo deseable en esta materia.
Refirió que de acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2017–2018, México se encuentra en el lugar 62 de 137 países por la competitividad de su infraestructura, cinco lugares menos que el año pasado.
Ello, indicó, se debe en gran medida a los altos costos logísticos del país, por lo que las áreas de oportunidades son enormes.
En ese sentido, indicó que a través de la Comisión de Infraestructura del CCE, en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el sector privado, proponen tres ejes como parte de esta agenda.
El primero, subrayó, es que haya una mayor inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura; el segundo, que la asignación de la inversión sea más eficiente a través de una política transversal de infraestructura; y el tercero, impulsar una política sectorial para detonar la inversión en donde tenga mayor impacto, sobre todo en los sectores de comunicaciones y transportes, energía y agua.
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