Iberdrola, que recurrió varias decisiones legales adoptadas por el Ejecutivo de López Obrador, ya completó la inversión prevista y que no van a iniciar nada
El presidente de la eléctrica española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dicho este miércoles en la presentación de los resultados financieros de la compañía que descarta iniciar nuevos proyectos en México si el gobierno del país no quiere que siga invirtiendo allí.
Sánchez Galán, durante la conferencia con analistas para explicar las cuentas del grupo, manifestó que las políticas energéticas las elaboran los gobiernos y, si el de México quiere recibir inversiones, Iberdrola lo seguirá haciendo, pero teniendo en cuenta el marco regulatorio.
Explicó que la eléctrica, que recurrió varias decisiones legales adoptadas por el Ejecutivo de López Obrador, ya completó la inversión prevista y que no van a iniciar nada.
Asimismo, indicó que México tiene poco peso en el grupo, unos 10 mil millones de dólares, prácticamente el mismo valor de la compra de la eléctrica estadounidense PNM anunciada hoy (ocho mil 300 millones de dólares incluida la deuda).
En los nueve primeros meses del año el beneficio neto de la eléctrica en México descendió el 23.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, hasta los 230.5 millones de euros (unos 273 millones de dólares al cambio actual), según las cuentas presentadas hoy por la compañía.
Los ingresos en el país, que suponen en torno al 8 por ciento del total del grupo, crecieron el 3.3 por ciento, hasta mil 889.8 millones de euros (2.200 millones de dólares), y el beneficio bruto de explotación (ebidtda) el 0.6 por ciento, a 629.4 millones de euros (745 millones de dólares).
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se opone a la reforma energética de 2013 y en mayo impulsó varios cambios normativos.
Ese mes entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una circunstancia contra la que Iberdrola solicitó medidas cautelares y que en junio fue suspendida y ahora está pendiente de decisión judicial.
Además, la Secretaría de Energía (Sener) modificó también la normativa de seguridad y calidad del suministro, una decisión que la compañía considera que perjudica a los generadores privados frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al establecer nuevos requisitos para interconexiones y en aspectos como los contratos de cobertura y los permisos de acceso.
Por último, se incrementaron las tarifas de transporte de electricidad que reducen el margen de los parques eólicos de la compañía y plantas de autoabastecimiento, decisiones que también están en los tribunales.
A 30 de septiembre pasado, Iberdrola cuenta en el país con mil 314 MW instalados de tecnologías renovables y nueve mil 348 MW térmicos, principalmente ciclos combinados de gas.
En los nueve primeros meses del año las ventas crecieron el 5 por ciento, hasta alcanzar los 39.012 GWh, de los que la mayoría (29.611 GWh) se vendieron a la CFE.
Con información de EFE
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