Evergrande, con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen, arrastra un pasivo total de más de 300 mil millones de dólares
La crisis del gigante Evergrande, que el jueves debía abonar un pago de 84 millones de dólares en intereses sobre el que todavía no se ha pronunciado, tendrá consecuencias limitadas pero supone una advertencia sobre el estado del mercado inmobiliario chino, según analistas.
La firma, con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen, paradigma de la política aperturista del país asiático desde la década de 1970, arrastra un pasivo total de más de 300 mil millones de dólares, de los cuales 37 mil se corresponden a préstamos por devolver antes del final del primer semestre de 2022.
Con todo, no se considerará que la empresa ha incurrido oficialmente en su primer impago hasta que no pasen 30 días consecutivos desde la fecha de vencimiento, aunque el próximo día 29 tiene otro plazo pendiente para abonar 47,5 millones de dólares.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? El sector inmobiliario chino comenzó a sobrecalentarse a finales de 1990, cuando los reguladores de entonces abrieron la mano a promotoras ávidas por aprovechar el ‘boom’ del ladrillo chino.
Entre ellas, Evergrande, fundada en 1996, y sobre la que ahora se teme que acabe suspendiendo pagos, algo que, según la consultora británica Capital Economics, no sucederá: “El Banco Central chino intervendría para evitar un efecto dominó”, asegura.
Muchos de los problemas que afronta Evergrande, apunta la firma, provienen de las últimas regulaciones impuestas al sector para controlar su expansión desmedida, que obligaron a reducir pasivos y a ofrecer descuentos cada vez mayores para mantener la liquidez.
“Estimamos que Evergrande tenía unos 1.3 billones de yuanes (201 mil 165 millones de dólares) en obligaciones por preventa, lo que equivale a 1.4 millones de bienes inmuebles a los que se había comprometido a completar”, indica la consultora.
Romper la burbuja inmobiliaria
Entre estas regulaciones destacan las denominadas “tres líneas rojas”, que buscan impedir que las promotoras chinas acumulen un pasivo excesivo, excedan ciertos niveles de apalancamiento o no dispongan de liquidez suficiente para hacer frente a las deudas a corto plazo.
También se suman las restricciones a las hipotecas para “enfriar” el alto precio de las viviendas, inasequibles para muchas familias chinas, que tradicionalmente han confiado en este sector ante las restricciones o la falta de confianza en otros canales de inversión.
“Las viviendas son para vivir en ellas, no para especular”, zanjó en 2017 el presidente chino, Xi Jinping, lo que también levantó especulaciones sobre posibles reformas a los impuestos a la propiedad en consonancia con las últimas consignas de que el país debe redistribuir más su riqueza para evitar desigualdades.
Pero “pinchar” la burbuja no es sencillo: en 2020, el país entró en lo que se conoce como “la era de los 10 mil yuanes (mil 548 dólares)”, en referencia a que el metro cuadrado se mantuvo de media por encima de esa cantidad durante varios meses consecutivos.
En agosto, el metro cuadrado residencial alcanzaba en Beijing los 68 mil 835 yuanes (10 mil 653 dólares) y en Shanghái, 65 mil 3 yuanes (10 mil 60 dólares), subidas del 10.11 por ciento y el 11.63 por ciento interanual, respectivamente, según el portal especializado chino City House.
Mientras, en otras ciudades más pequeñas como Qingdao, se teme que los precios se derrumben tras haber bajado un 2.6 por ciento hasta los 21 mil 104 yuanes (3 mil 266 dólares).
Otro problema es que más del 20 por ciento del desarrollo inmobiliario está en propiedad pero sin ocupar en “urbanizaciones fantasma”, sobre todo en el interior del país, construidas gracias a un gasto público ahora visto como excesivo.
De hecho, ya hay algunas ciudades pequeñas en China que están poniendo límites a cuánto pueden bajar los precios de las viviendas para mantener la “estabilidad” y evitar un derrumbe del mercado.
Con información de EFE
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