Coparmex propone elevar salario mínimo a 102 pesos

Es necesario establecer en el país una política salarial de largo plazo y dejar de lado las revisiones de corto tiempo, con el objetivo de cumplir los objetivos fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo sostenido.

Así lo estableció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, quien consideró que el sector productivo tiene la capacidad suficiente para otorgar un salario mínimo de 102 pesos a finales de año.

Manifestó que hay las condiciones económicas y políticas para dar este primer paso hacia la línea de bienestar que establece la ONU.

Al participar en el foro “Rumbo a la Reforma Laboral 2019”, organizado por Factor Capital Humano de GINgroup y El Economista, anunció que la Coparmex presentará en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos una propuesta para dar este primer paso y levantar la bandera blanca en materia de bienestar familiar.

No podemos aceptar, dijo, que nuestro país esté condenado al establecimiento de salarios simulados como ocurre en Venezuela y Nicaragua. En su opinión, hay elementos suficientes para lograr una política salarial de largo plazo.

Indicó que la inflación no tiene incidencia en un ajuste salarial; el crecimiento salarial no ha impactado en los salarios contractuales; no se ha registrado una disminución del empleo ni tampoco hay un aumento en la informalidad.

Por lo tanto, insistió en que estos cuatro factores no impactan en el establecimiento de una política en materia de salarios de largo plazo y hacer a un lado la de corto plazo.

Reconoció que en los últimos dos años se ha procurado revertir la caída del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, para empezar un repunte gradual de las percepciones económicas de la clase asalariada.

Dijo que es necesario reglamentar el esquema de terciarización en el país y tener el mejor esquema para las empresas.

Po último, señaló que uno de los pendientes es el de establecer las bases de la justicia laboral para el futuro, con el objetivo de que los factores de la producción no se vean afectados y pongan en riesgo la paz laboral que priva en el país.