La Coparmex aseguró que las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció la gravedad de la defraudación, evasión y elusión fiscal, pues según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el monto anual de la evasión fiscal a través de facturas falsas es de alrededor de 350 mil millones de pesos.
“Para los empresarios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es fundamental para que nuestro país tenga los medios necesarios para crecer. Los impuestos son vitales para desarrollar proyectos de infraestructura, proveer seguridad y crear servicios públicos que permitan fomentar el capital humano”, apuntó en un comunicado.
Agregó que en la actualidad México tiene la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 16.2 por ciento del PIB.
La Coparmex explicó que con el fin de tratar de resolver este problema, en las próximas semanas, el Senado pretende discutir iniciativas que buscan tipificar la defraudación fiscal, así como la expedición y adquisición de facturas falsas, como delitos de delincuencia organizada.
Indicó que se busca combatir a las “empresas fantasmas”, las cuales emiten comprobantes que permiten deducir operaciones simuladas, aumentando las penas en prisión a quienes expidan o compren facturas falsas.
“Es prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales. Sin embargo, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva”, aseveró.
Aseguró que las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente, pues “en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias”.
“Lo que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente. Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza”, agregó.
La Confederación afirmó que esta medida generaría una inquietud justificada y pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año.
“Debido a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser votada sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo. Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre”, concluyó.
Con información de López-Dóriga Digital
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