El Banco Mundial subraya que combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley sino una prioridad de desarrollo
El Banco Mundial (BM) advirtió que el crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe se ve lastrado por niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado.
La organización macroeconómica apunta en su informe ‘Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe‘ que esos problemas agravan el ya frágil panorama económico de la zona, cuyo PIB está previsto que avance 2.1 por ciento en 2025 y 2.4 por ciento en 2026, “lo que la posiciona como la de menor crecimiento a nivel mundial”.
En sus previsiones del pasado enero había proyectado que el crecimiento regional se situará en el 2.5 por ciento este año y el 2.6 por ciento el que viene, impulsado principalmente por la recuperación de Argentina tras dos años de contracción.
El BM precisa que las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial y las de homicidios ocho veces más, aunque su población solamente represente el 9 por ciento de la de todo el mundo.
La creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de COVID-19, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil, se alzan como factores que contribuyen al auge del crimen organizado.
“Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, afirma en el documento Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
La seguridad pública y la confianza en las instituciones también se ven perjudicadas por la situación, al igual que la competitividad, porque la incertidumbre en torno a los derechos de propiedad y la extorsión desenfrenada incrementan los costos de transacción para las empresas.
El BM cita a modo de ejemplo El Salvador, donde las maras (MS-13 y Barrio 18) estuvieron involucradas en extorsión y cobros de tarifas de protección en todo el país durante décadas y aproximadamente el 79 por ciento de los negocios pagaban esa penalización.
“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, añade William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe en la institución.
Según sus conclusiones, obstaculizan la lucha contra el crimen organizado las deficiencias en los sistemas carcelarios, fuerzas de policía insuficientes, sistemas de justicia débiles y una falta de oportunidades para los jóvenes que facilita su reclutamiento por parte de las bandas.
El Banco Mundial considera clave contar con instituciones bien equipadas e insta a consolidar una agenda diseñada para fortalecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, el fortalecimiento de los procesos judiciales y la mejora de los sistemas penitenciarios, que en muchos lugares están controlados por esos grupos.
Con información de EFE
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