Informe del IMCO afirmó que entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en compras públicas en 147 de 247 instituciones federales
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detalló que, entre 2018 y 2020, aumentó en México el riesgo de corrupción en las compras públicas en 147 de 247 instituciones federales (59 por ciento) por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley.
Lo anterior fue detallado en el informe denominado Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), donde 2020 representó un récord histórico en cuanto al monto por adjudicaciones directas.
Es la primera vez, desde que se tiene registro en Compranet, que el dinero destinado a adjudicaciones directas es mayor al dinero destinado a adjudicaciones públicas”, apuntó durante la presentación del informe Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del IMCO.
En el informe se asegura que entre 2018 y 2020, el Gobierno federal adjudicó más de cuatro mil millones de pesos a empresas de reciente creación, con apenas un año de vida; también se ha contratado a empresas consideradas fantasma, que incluso han sido señaladas y enlistadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre los principales hallazgos revelados por este informe de riesgos de corrupción del IMCO se encuentran:
- Las compras públicas sin competencia prevalecen en instituciones como la Secretaría de Marina (Semar) y la Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz.
- La Secretaría de Marina asignó 96 por ciento del monto a procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (24 por ciento).
- La Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (+3 mil millones de pesos) por la falta de competencia. En 2020, gastó 4 mil millones de pesos, de los cuales 99% fue adjudicado directamente.
- Algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra. 24 por ciento de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet. A su vez, 66 por ciento de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no tienen el documento del contrato publicado.
- Entre 2018 y 2020, 66 por ciento de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley. Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex).
- Las compras públicas de instituciones del sector educación son publicadas de manera tardía. 85 por ciento de las compras de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
- No fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) porque desde 2015 las contrataciones realizadas por Pemex y CFE no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Esta excepción incluye el registro y publicación de contrataciones en Compranet.
- El IRC también identifica las instituciones federales que sí cumplieron con la ley y fomentaron los principios de competencia y transparencia en las compras. En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) gastó 99.7% del monto de compras públicas por procesos de licitación pública. Además, 100 por ciento de las licitaciones cuenta con los documentos publicados. Es la tercera institución con menor puntaje en el IRC.
- Los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas.
El IMCO dejó en claro que es necesario que las instituciones identifiquen las deficiencias y anomalías en el proceso de compra para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en las contrataciones. Con ello será posible enfocarse en cambios específicos para cada etapa del proceso. Para ello se ropuso
- Reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). El análisis presenta propuestas específicas para modificar las leyes de compras públicas, entre las que destacan reducir las justificaciones legales para evitar licitaciones públicas y asegurar la publicación de los procesos de compra en Compranet en el tiempo establecido en la Ley.
- Aprovechar los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción. La herramienta de visualización de datos incluye información de las compras públicas entre 2018 y 2020, los resultados del IRC, las prácticas de riesgo y cada uno de los contratos de las más de 260 instituciones federales.
Puedes consultar el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) dando click aquí. .
Con información de López-Dóriga Digital
Minuto a minuto
