El Secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth reconoció que “el gobierno de México mantiene una colaboración sin precedentes en el combate al narcotráfico” y pidió incrementar acciones “para que nosotros no tengamos que hacerlo”

Eso explicaría que circulen versiones de grupos lopezobradoristas que hablan de un deslinde, pues aseguran que, al aumentar la agresividad, la Presidenta ha ignorado supuesto consejo del expresidente de mantener el respeto y evitar confrontaciones abiertas

   Es posible que el problema esté en que la ruda narrativa mexicana ha mezclado los temas cooperación en seguridad –caso Chihuahua- con el tema de “extraditables” políticos mexicanos acusados de vínculos con el crimen organizado y con temas comerciales

Sheinbaum echó a andar la maquinaria oficial para las elecciones de 2027 cuando, en el Estado de México, dijo: “los partidos de oposición no regresarán al poder porque son antipatriotas, pues, para recuperar sus privilegios, como los conservadores del siglo 19, se alían con intereses del exterior”

  El hecho es que los grupos morenistas han dejado toda carga de la narrativa y discurso del tema a la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual, por el peso de la palabra presidencial, necesariamente hace política la aplicación de la Ley Monreal

  Ya comparecieron en Culiacán, la capital del Estado, el sinaloense mandatario con licencia Rocha Moya el senador Enrique Inzunza, quienes como explicó la Presidenta Sheinbaum no acudieron como imputados

  Se dijo entonces que las amenazas a la soberanía eran reales, que sólo se concretarían por obsecuencia del Gobierno de la República o por permitir que las mezquinas ambiciones dividieran al partido en el poder

  En palabras de la cancillería, se actualizó el acuerdo con la comunidad política, económica y financiera de Europa, con el anuncio de que invertirán 5 mil millones de dólares en México, adicionales a las actuales inversiones

  En las actuales circunstancias, nacionales e internacionales, el Gobierno de la República, su partido y el mismo expresidente, deben actuar enérgicamente y coordinarse para deslindarse de los acusados de proteger al crimen organizado que pretenden usarlos como escudo

  Explicable que la mandataria interina fuera designada por el Congreso, pues presidía la mesa directiva y se calculó que posiblemente como exfuncionaria del Gobierno de Rocha Moya, se facilitaría el control político de la entidad

  La reforma judicial presentada por Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia contiene ajustes a la política pública de la administración de la justicia, al menos para poner fin a la improvisación al hacer obligatoria la capacitación de jueces y magistrados