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Se puede hablar de que ha sido revivida la tristemente célebre “partida secreta del presidente”, que fue prohibida durante la administración de Vicente Fox: Morena aprobó ayer en el Senado que el presidente disponga a su criterio de más de 90 mil millones de pesos.

Se trata de la Ley de Austeridad, que reportó al gobierno 92 mil 442 millones de pesos de los recortes a toda la administración pública federal, cuyo destino queda absolutamente en la decisión de una sola persona. Hoy, es esa cantidad. Pero será el dinero que exista en cada momento.

El Senado ya había concentrado en manos del presidente muchísimo dinero, al aprobar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que le permite en exclusiva “disponer de forma anticipada” de bienes incautados y sin esperar veredicto judicial.

Así, el mandatario dará el curso que desee a bienes inmuebles y dinero en cuentas y efectivo incautados a todo a quien el MP acuse de corrupción, encubrimiento, extorsión, huachicoleo o crimen organizado, aunque después un juez diga que el acusado era inocente.

Es preciso aclarar que estos dineros en poder del presidente son nuevos, pues desde diciembre, el gobernante ya disponía del 1.5 del PIB para repartir en programas corporativos a través del censo que hicieron los 17 mil 500 “Servidores de la Nación”.

Son 317 mil millones de pesos aprobados en el Presupuesto 2019 para 11 programas sociales y llegarán a 51.5 millones de los 123.5 millones de mexicanos, gracias a los datos personales obtenidos por los “Servidores de la Nación” con la presentación de “Venimos de parte del presidente”.

Proceso publicó esta semana que los “Servidores de la Nación” perciben jugosos salarios y “en algunos casos hasta más altos que los del presidente de la República, y forman un verdadero ejército electoral al servicio más bien de Andrés Manuel López Obrador y de Morena”.

Ellos entregan las tarjetas de bienestar social al 41.7 por ciento de los mexicanos y gastan de operación anual los dos mil 576 millones de pesos que salen del erario, el mismo erario en el que no hay siquiera un peso para el programa de detección de cáncer cervicouterino, por ejemplo.

Se trata de una cantidad de dinero que pronto será casi incuantificable y depositadas por el Congreso en las manos y la decisión personal del presidente, sin contrapeso alguno por ley. Es decir: ciudadanos, partidos, ONG, empresarios… solo podrán observar desde las gradas qué decide él.

Aunque, a pesar de estos datos oficiales, fue un alivio escuchar al presidente ayer, afirmar en el bailongo en el Zócalo, por el primer aniversario de su llegada al poder, que “no lucho por instaurar la dictadura”.

Se le agradece, pues.