De 14 temas agendados, cuatro quedaron pendientes por falta de consenso entre las fuerzas políticas
La agenda originalmente acordada por los líderes parlamentarios para el periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República pudo cumplirse casi por completo. La ratificación del T-MEC y seis acuerdos paralelos era el principal objetivo de los trabajos realizados la semana pasada.
De 14 temas agendados, cuatro quedaron pendientes por falta de consenso entre las fuerzas políticas: la legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio; la reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la validación de las nuevas leyes federales de austeridad republicana y de presupuesto y responsabilidad hacendaria, remitidas por la Cámara de Diputados; y la elección de los integrantes de la Junta Directiva y el Consejo Técnico del Consejo para la Mejora Continua de la Educación.
Sin los votos suficientes para sacar ese paquete legislativo, el líder de la mayoría oficialista, Ricardo Monreal, proclamó un receso para el extraordinario —una innovación en el uso del reloj legislativo— para negociar con los demás integrantes de la Junta de Coordinación. Una semana de receso, para reanudar la sesión el próximo lunes 1 de julio, a partir de las 10:00 de la mañana.
Los senadores morenistas no podrán acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la conmemoración del primer año de su triunfo en las elecciones presidenciales. A pesar de sus esfuerzos, tampoco podrán darle más leyes para presumir; no obstante, la instalación de sendas mesas de trabajo sobre consulta popular, revocación de mandato y extinción de dominio. En este último caso, el líder morenista urgió a sus colegas para dar su aval al proyecto, que busca golpear las estructuras financieras controladas por la delincuencia organizada.
“Si no logramos la mayoría calificada y si no logramos un acuerdo con los grupos parlamentarios, quedará para septiembre lo de revocación de mandato”, admitió el político zacatecano.
El cumplimiento de una de las principales promesas de AMLO está en manos del frente opositor. Aunque antes, los legisladores morenistas y sus aliados tendrán una última oportunidad para dotar a la Cuarta Transformación de un nuevo entramado legal.
El miércoles 26 está convocada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y al día siguiente —de acuerdo con lo informado por el coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, en Palacio Nacional— arrancaría el periodo extraordinario en San Lázaro, con siete puntos a resolver. Al margen quedaría la ley en materia de extinción de dominio, dado que la colegisladora trabajará por los consensos necesarios.
Antes del festejo de AMLO, quedará aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en los términos propuestos por el Ejecutivo federal. En el camino hubo una consulta pública, pero por disposición constitucional, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobarlo o desecharlo, sin que haya lugar a incluir cambios o mejoras.
Extraordinario con sesión solemne, para que quede inscrito en el Muro de Honor una leyenda alusiva al exilio español, luego de cumplirse 80 años del arribo de los primeros emigrantes por la Guerra Civil. Y enseguida, la elección del nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Competencia Económica.
El debate parlamentario vendrá para discutir la reforma al artículo segundo de la Constitución, para incorporar un apartado que reconoce y garantiza los derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de los pueblos y comunidades afromexicanas. La minuta, que proviene del Senado, se adelantó a la consulta pública convocada por la Secretaría de Gobernación y el nuevo Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, encabezado por Adelfo Regino.
La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor busca proteger los derechos sobre primigenias, colectivas o derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades originarias; así como proteger de su apropiación abusiva o explotación sin la autorización del pueblo a la que se atribuya su origen.
Y la reforma a la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros permitiría finalmente transformar esa institución en el Banco del Bienestar, con el encargo concreto de entregar los apoyos a los beneficiarios de la política social del gobierno federal.
La 4T también podrá presumir la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que obligará a las dependencias del gobierno federal a crear un registro nacional de las personas físicas y morales que recibirán los beneficios y facilidades administrativas en la rama económica que desempeñan. Las materias fiscal y aduanera no son objeto de esta Ley.
EFECTOS SECUNDARIOS
INTERVENCIONES. Último director general de administración de la CFE en el sexenio peñista, Héctor de la Cruz permaneció el primer semestre de la 4T cerca de Manuel Bartlett, como asesor. Los nuevos responsables de esa área estratégica dentro de la empresa productiva del Estado serían designados directamente desde Palacio Nacional. El pasado 15 de mayo, refirió De la Cruz, en una carta dirigida a este espacio, dejó de laborar en CFE, tras negar cualquier participación en el proceso de licitación para la adquisición de watthorímetros, actualmente en curso. Sobre ese tema, la última palabra está en la Cofece.
DENUEDOS. A mediados de la semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos interpuso un recurso ante un juez federal en California, para impugnar la solicitud del presidente Donald Trump de reasignar el presupuesto del Departamento de Defensa y destinarlo a la construcción del muro fronterizo, pues —a su juicio— la autoridad para controlar los recursos es del Congreso. Simultáneamente, una iniciativa bipartidista llegó al Senado, para proponer un paquete de apoyos por 4.6 billones de dólares para el Departamento de Seguridad Interior y otras agencias federales encargadas de encarar el flujo de migrantes que cruzan el Río Bravo. El muro y la repatriación de los migrantes alojados actualmente en los centros de detención, son las prioridades de la administración federal.
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