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A Texcoco no se le mueve ni un pelo y al aeropuerto de Santa Lucía no le pueden entrar los empresarios, pero por favor crean e inviertan en México de la mano de la 4T. Este mensaje contradictorio del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, retrata el mundo paralelo en el que vive el gobierno federal.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco acabó, no solo con una obra avanzada a 40%, sino con la confianza empresarial que no puede tener certezas de la racionalidad de las decisiones de gobierno.

La construcción de Santa Lucía está suspendida por el poder judicial, tiene la clara oposición de la autoridad ambiental, y a pesar de ello la presume el señor Romo. Esquizofrénico.

El ejemplo más claro de esa divergencia en la percepción de las cosas se puede ver en los pronósticos económicos. Los analistas que consulta el Banco de México no prevén un crecimiento durante este sexenio más allá de 2% en promedio, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en 4% en promedio y 6% de cierre triunfal de su sexenio.

Y a pesar de la certeza que tienen muchos empresarios de que las cosas no van bien y a pesar de la plena convicción que hay entre los sectores productivos de la necesidad de acciones gubernamentales para cambiar la trayectoria económica, les faltan voces a esos empresarios que se atrevan a decirlo con claridad.

El Consejo Coordinador Empresarial, que nació como la necesaria voz opositora ante las arbitrariedades populistas de Luis Echeverría, ha perdido toda posición crítica ante el gobierno y se ha anexado a la nómina moral de la 4T.

Y no hay empacho para que ambas partes, CCE y gobierno, se reconozcan como incondicionales aliados.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una bendición que Carlos Salazar Lomelín haya llegado a la presidencia de ese organismo cúpula del sector privado. Mientras que el dirigente empresarial se estrenó en el cargo adelantando que lo que buscaba era ayudar al presidente.

No deben las organizaciones empresariales asumirse como opositores, pero tampoco como aplaudidores, de los gobiernos. Su responsabilidad está con sus agremiados y, por lo tanto, la voz que deben alzar es la que represente los intereses de esos grupos de empresarios.

Incluso, desde el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a casi una veintena de las más influyentes y grandes empresas del país, ven con recelo la falta de firmeza del organismo que estatutariamente está por arriba de ellos: el CCE. Pero tampoco levantan la voz.

Hay algunos dirigentes empresariales que parecen claramente opositores al régimen actual, como el caso del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, quien es crítico y puntual en sus señalamientos, pero se le nota mucho la vena opositora.

La voz empresarial de desacuerdo con las políticas aplicadas, con los resultados obtenidos, no se puede apagar ante los temores de represalias.

No por el miedo de ser incluidos en la lista mañanera de las descalificaciones a los conservadores, mafiosos del poder y neoliberales del viejo régimen, deben dejar de señalar lo que afecte sus legítimos intereses como hombres y mujeres de negocios.

Por lo pronto, la voz crítica de los empresarios que sabían exigir lo que les toca tiene apenas uno que otro destello. Muchos evitan meterse en problemas con la 4T y los que sí deslumbran son los aplaudidores con agendas políticas personalísimas. ¡Lástima!