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Hábil como es, el presidente Andrés Manuel López Obrador puede darle la vuelta en el discurso a muchas de las promesas de campaña para que no aparezcan como incumplimientos, sino como hechos que necesitan algo más para cumplirse. Por ejemplo, no bajaron de precio las gasolinas, pero ya llevó a su feligresía a creer que esto habrá de suceder dentro de tres años.

Hay otras decisiones de su gobierno, prometidas en campaña y ejecutadas al inicio de su administración, que a pesar de tener conciencia de que fueron malas determinaciones y con costos muy elevados, simplemente las mantiene.

Será un lastre histórico para su gobierno haber cancelado el aeropuerto de Texcoco y aunque cualquier análisis, por simple que sea, le demuestre el grave error, no va a echarse para atrás en esa decisión. No parece entender una reconsideración como muestra de sabiduría, sino como de debilidad. Básicamente, porque no hay una oposición organizada a esta decisión. Pero hay algo que pondrá a prueba la resistencia política de sus decisiones.

Una de las reformas donde el nuevo gobierno no se dio cuenta del favor político que le había hecho la administración de Enrique Peña Nieto fue la educativa.

La realidad es que este trascendente cambio, tan despreciado por López Obrador, había ya logrado desmantelar a los grupos más belicosos del magisterio. Aquellos que están menos preocupados por la educación y mucho más atentos de su poder de coerción.

En la campaña electoral, el actual presidente denostó la reforma educativa y prometió abrogarla, con lo que obviamente se ganó el aplauso de los grupos radicales.

Pero mientras el equipo presidencial pensaba en quitar las presiones de las evaluaciones, como condicionante de permanencia laboral, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y organizaciones afines pensaban en tener de vuelta todo el poder que les da el control presupuestal y de asignación de plazas.

Hoy la situación es una: el presidente dice que no hay manera de regresarles estos controles, porque son un fomento de la corrupción. Pero, las más radicales organizaciones magisteriales están dispuestas a todo con tal de recuperar lo que creen que les prometió López Obrador.

El discurso populista ha resucitado estas organizaciones y a algunos de los más impresentables dirigentes del magisterio para obligar a López Obrador a cumplir. Han criado cuervos que hoy no tendrán miramiento en intentar sacarle los ojos al gobierno.

El resto de abril podrá transitar con relativa tranquilidad, Semana Santa y Pascua serán semanas de calma. Pero llegará mayo, mes tradicionalmente de presión magisterial, para hacer explotar esta bomba.

No hay escenarios sencillos. Si las agrupaciones más radicales no consiguen lo que quieren habrá caos en muchas ciudades del país.

Pero si finalmente logran que el gobierno recule en su determinación de no regresar el presupuesto y el control de plazas a los maestros, habrán de exhibir a un presidente vulnerable al que se puede doblar por la fuerza.

Si los más radicales integrantes del magisterio (es difícil llamarles maestros a muchos de ellos) logran imponerse al presidente y les regresa esos controles, habrán marcado el resto del sexenio ante otros grupos que buscarán sus propias estrategias de presión.

Y si no lo consiguen en esta oportunidad, seguirán haciendo lo mismo el resto de este gobierno que apenas empieza. Con todos los costos que ello implica para una ciudadanía que ya se había librado de estas organizaciones tan belicosas. Mayo, pues, pinta complicado.