Bajos sueldos y candados. Adiós a los expertos

No es ilegal que ex funcionarios públicos trabajen hoy en las áreas donde han adquirido experiencia, es simplemente un tema que no acomoda a la forma de pensar de quien hoy pretende controlarlo todo en este país.

Y las muestras sobran. Si era ilegal que un extranjero se hiciera cargo del Fondo de Cultura Económica, simplemente el presidente manda la orden a su obediente Congreso de que adapte la ley a su candidato y punto. Y si éste presume que se las metió doblada, camarada, los legisladores se aguantan y cumplen con la orden.

Y si el presidente manda comprar al extranjero pipas de combustible, sin licitación, y estos enormes autos tanque no cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM-012) sobre la circulación de materiales y residuos peligrosos por las carreteras del país, simple: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cambia las disposiciones para adaptarse a lo que quiere López Obrador.

No hay ilegalidad en el hecho de que expertos en materia energética, financiera, legal o de cualquier otro asunto que requiera un conocimiento específico, puedan ejercer en la iniciativa privada después de haber trabajado para el servicio público. Simplemente no le gusta al presidente.

En la medida en que el actual gobierno sea transparente, anula cualquier uso de información sensible por parte de los exfuncionarios. Además, por más conocimientos que tenga un exfuncionario, los que toman las decisiones son los que ejercen el cargo.

Lo que hay con esta visión presidencial es una imposición moral. Es tener la certeza de que todo aquel que no comulgue con la visión propia actuará de mala fe. Por lo tanto, hay que frenarlo.

Resulta más incomprensible que un agrónomo sin experiencia se haga cargo de una empresa tan delicada y de alta especialidad en el terreno energético, que un ingeniero petrolero deje el servicio público y cumpla con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos para trabajar en lo que sabe hacer en el sector privado.

Pero así están las cosas en estos tiempos. Hoy puede alguien de la calidad de Manuel Bartlett subir al máximo estrado de las conferencias mañaneras a señalar con el dedo flamígero a los pecadores, que no infractores, que se atreven a trabajar en lo que saben después de haber dejado el servicio público.

Lo que sigue es condenar a los expertos al limbo profesional durante 10 años. Si el presidente así lo cree, así va a suceder. No hace falta nada más que la instrucción a su Congreso para que modifiquen ese artículo de la ley que regula a los servidores públicos para que se les condene a vender tamales durante una década antes de poder regresar a ejercer aquella actividad para la que se han preparado, o al menos en la que han tenido experiencia.

Así que se puede imaginar la calidad de los funcionarios responsables de áreas de alta especialización: uno que esté dispuesto a ganar poco, siempre menos que el presidente, y de paso que lo condene a no poder ejercer su profesión 10 años después de dejar el puesto.

Así se piensa en estos tiempos, es mejor tener agrónomos en las tareas sensibles de la energía y a impresentables trapecistas políticos que brinquen entre partidos y entre chambas toda su vida.