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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) enfrenta nuevamente un reto enorme: la aprobación de la fusión entre Disney y Fox que debe contar con candados que protejan a la competencia en México. Las condiciones que busca establecer esta nueva superempresa tienen importantes diferencias respecto a las que existen en otros mercados, principalmente sobre los contenidos deportivos, pues implicaría la unión de las marcas ESPN y Fox Sports en México.

Este asunto ha sido del interés de todos los partidos en la Cámara de Diputados, a propuesta del legislado petista Gerardo Fernández Noroña. Los parlamentarios hicieron eco de las preocupaciones de analistas y han solicitado, por medio de un punto de acuerdo que promovió la Junta de Coordinación Política, una reunión de trabajo con los titulares del IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica para expliquen el proceso, pues observan efectos negativos de esta fusión en la oferta deportiva, particularmente la transmisión de los partidos de futbol.

Este sutil cambio respecto al acuerdo global que propone Disney para América Latina implica concretar un supermonopolio en la oferta de contenidos deportivos, el cual arrebataría el futbol de la TV abierta para llevarlo a una modalidad de pago. Bajo cualquier métrica de análisis que se decida emplear, esta empresa controlaría 78.3% de las audiencias en la TV de paga, así como 66.7% de sus canales y 63.5% de las señales en paquetes de precio bajo (menores a 300 pesos).

No hay forma económica ni jurídica para sostener que la fusión Disney-Fox no afecta a la libre competencia en contenidos deportivos en la TV de paga. No en vano se ha registrado, a nivel internacional, una decidida intervención de los órganos antimonopolio de Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, no así en sus homólogos mexicanos IFT y Cofece.

Cualquier otra determinación que favorezca inexplicablemente a Disney detonaría un sospechosismo fundado. Y más, por la intervención de Eduardo Pérez Motta y Ernesto Estrada González como asesores de la empresa, así como la participación —desde la elaboración del proyecto— de Georgina Santiago, quien colabora en el IFT como titular de la Unidad de Competencia Económica, quien fue blanco de las críticas del diputado Fernández Noroña ante el pleno.

¿Ilegalidades en el IFT? El legislador petista evidenció que Santiago integra el expediente de la megafusión y también será la responsable de emitir la recomendación que deberán retomar los comisionados para resolver sobre la megafusión.

En riesgo, la imagen, la independencia y la imparcialidad del organismo. En el Palacio de Cobián están alerta y también encrespados por la actuación de los órganos autónomos por su displicencia. Y es que en las reuniones previas con los funcionarios del IFT no advirtieron sobre la magnitud de las afectaciones. Esta omisión —deliberada o no— les resulta sospechosa, por decir lo menos. Lo correcto, insisten, era consultar a otras instancias como la SCT, la SE y la Profeco.

EFECTOS SECUNDARIOS

ATASCADOS. Con la etiqueta #MinistraContratista, en las redes sociales corrió información que descalifica a la magistrada Yasmín Esquivel, nominada por el Ejecutivo federal para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna está completada por Celia Maya y Loretta Ortiz, quienes ya habían sido propuestas en el proceso anterior. Concluidas las comparecencias, los senadores procederán a entrevistar a los aspirantes al lugar que dejó Carlos Bonnin Erales en el pleno del INAI. Entre los 29 aspirantes sólo dos concitan respaldos entre la mayoría morenista: el exconsejero electoral Javier Santiago Castillo y el académico Ernesto Villanueva. La comisionada del InfoDF, Elsa Bibiana Peralta, y el integrante del IECMX, Yuri Beltrán, no alcanzarían apoyos necesarios.

MUDANZA. Hace una semana, Gregorio Guerrero Pozas dejó la contraloría del INE para —dijo— incorporarse al gobierno federal. Va a la Secretaría de Gobernación, como director de Administración y Finanzas, luego de que así lo acordaran los secretarios Olga Sánchez Cordero y Carlos Urzúa.

REFORMADOS. Justo cuando al Palacio Legislativo de San Lázaro acudieron representantes de todas las organizaciones magisteriales para manifestarse sobre la iniciativa que buscará cauterizar los efectos de la reforma educativa del peñismo, Elba Esther Gordillo reapareció públicamente… aunque en circunstancias más cordiales. Fiel a sus costumbres, sin nada que ocultar, la exlideresa sindical recorrió los pasillos del centro de exposiciones donde comenzó MACO. Y mientras, los partidos que suscribieron el Pacto por México buscaban formar una coalición para impedir la contrarreforma educativa.

BAJO ASEDIO. Primero fue la alteración del audio de una entrevista concedida por Beatriz Gutiérrez Müller a la televisión pública de Nayarit. Y en las redes sociales, circuló una imagen truqueada del joven Jesús López Gutiérrez. Ambas manipulaciones fueron virulentamente repudiadas por los simpatizantes del presidente AMLO y son los eventos más recientes de lo que en otros contextos denominan Deepfake, caracterizados por la utilización de herramientas tecnológicas para reemplazar la cara y la voz de una persona.