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La noticia es del notable seguimiento de Ciro Gómez Leyva en su noticiario de TV:

Del enfrentamiento en Palmarito, Puebla, donde murieron cuatro militares, no hay un solo ‘huachicolero’ en prisión, pero sí un sargento en espera de sentencia. Este es nuestro país. Emboscan y matan a cuatro soldados, y el único preso es un soldado.

La consecuencia es de nuestra Constitución:

Aunque el soldado acusado demuestre su inocencia, es a los militares a los únicos trabajadores a quienes la Carta Magna permite que se les expulse de su empleo, sin derecho a la reinstalación, así tenga la razón y gane el amparo o el juicio que sea.

El impacto es de sentido común:

Así, ¿cómo vamos a tener fuerzas coercitivas dignas, confiables y respetables: si hasta las desprecia la Constitución, los policías ganan dos mil pesos y ninguna organización que defiende víctimas se preocupa por los soldados muertos y sus deudos?

Aunque parte de la solución la tiene Morena. Posee la mayoría en el Senado, donde se encuentra para aprobación una iniciativa que pasó en la Cámara de Diputados, para mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiacos.

Lo que tienen para aprobar los senadores de Morena es:

  1. Garantizar el derecho humano de los policías al trabajo.
  2. Observar el principio de presunción de inocencia de los policías.
  3. Garantizar a los policías el derecho de un recurso efectivo.
  4. Garantizar el principio de igualdad de los policías.
  5. Eliminar una norma contraria a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos para los policías.

¿Son tan especiales estas cinco condiciones como para que no las tengan como derechos los miembros de nuestros cuerpos policiacos? Pues no solo no son tan especiales, sino que es vergonzante que no las posean desde siempre.

Porque nos encontramos ante un hecho muy retorcido: le estamos encomendando a los cuerpos policiacos el encargo de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, pero… ¡se los negamos a los propios miembros de los cuerpos policiacos!

Tiene razón el general secretario de Defensa cuando afirma:

“Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos criminales, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”.

Es el calvario que vive el militar entrevistado por Ciro Gómez Leyva en la cárcel: el sargento Isidro Gómez, de 31 años de edad, a quien se le acusa de homicidio calificado por supuestamente ejecutar a un ‘huachicolero’ que minutos antes había asesinado por la espalda a un soldado.

Pero, aunque la libre, jamás podrá volver a ser soldado. Lo manda la Constitución.